Las empresas que incumplan las obligaciones más graves establecidas en la Ley Antilavado pueden recibir multas de entre 10 mil y 65 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a montos de hasta siete millones 625 mil pesos.
La sanción también puede fijarse entre 10% y 100% del valor del acto u operación, cuando esta cantidad resulte mayor, sin que ambas penalizaciones se acumulen, de acuerdo con el artículo 54, fracción III, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Para las infracciones consideradas de menor gravedad, las multas van de 200 a 10 mil UMA. Desde el 1 de febrero de 2026, el valor diario de esta unidad es de 117.31 pesos.
Las obligaciones no se limitan a bancos y otras entidades financieras. También pueden alcanzar a empresas dedicadas a la compraventa o intermediación de inmuebles y vehículos, joyerías, comercializadoras de metales y piedras preciosas, casinos, notarías, proveedores de activos virtuales y compañías que otorgan créditos o préstamos.
Francisco Soler, country manager de Regcheq en México, señaló que las empresas han pasado de considerar esta regulación como una obligación documental a enfrentarla como un componente estratégico de operación y control.
La compañía estima que cuatro de cada 10 empresas todavía no tienen claridad sobre la manera en que las nuevas disposiciones afectan sus operaciones. Sin embargo, el comunicado no detalla el tamaño de la muestra ni la metodología utilizada para obtener este porcentaje.
Regcheq añadió que, después de la reforma de 2025, más de 90% de las empresas que se acercaron a la compañía desconocía los cambios regulatorios o las obligaciones aplicables a las denominadas Actividades Vulnerables. La cifra corresponde a clientes o empresas atendidas por la firma y no representa necesariamente a la totalidad del sector empresarial mexicano.
Más de 107 mil sujetos realizan Actividades Vulnerables
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la Unidad de Inteligencia Financiera, en México existían 111 mil 191 sujetos obligados al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De ese universo, 107 mil 642 eran personas físicas o morales que realizaban Actividades Vulnerables, equivalentes a aproximadamente 96.8% del total.
Entre las actividades con mayor exposición al riesgo se encuentran la comercialización de obras de arte, metales y piedras preciosas, joyas y relojes, debido a la movilidad de estos bienes y a las dificultades para identificar el origen de los recursos.
También se señala un riesgo relevante en monederos, certificados de devolución y programas de recompensas. En un nivel medio aparecen las tarjetas prepagadas, vales, cupones, venta de vehículos, servicios notariales y operaciones de crédito, mutuo o préstamo.
Procesos manuales aumentan riesgo de errores
Uno de los principales retos para las empresas es gestionar expedientes, reportes y operaciones mediante hojas de cálculo, correos electrónicos o documentos físicos.
Estos procedimientos pueden generar registros incompletos, errores de captura, expedientes faltantes, pérdida de información histórica y dificultades para responder ante auditorías o visitas de verificación.
Regcheq señaló que algunas obligaciones regulatorias pueden requerir respuestas o reportes en menos de 24 horas, lo que incrementa la necesidad de contar con información ordenada y rastreable.
Según los datos del INEGI citados en el comunicado, durante 2023 solo 25.3% de las unidades económicas utilizó equipo de cómputo y 26.2% empleó internet para desarrollar sus actividades.
Lanzan plataforma para automatizar cumplimiento
En el contexto de los cambios regulatorios y de su décimo aniversario, Regcheq anunció el lanzamiento de Regcheq PLD X, una plataforma bajo el modelo de software como servicio dirigida a empresas sujetas a Actividades Vulnerables.
El sistema ofrece validación contra listas de vigilancia, integración digital de expedientes, monitoreo de operaciones, evaluación de riesgos, generación de avisos regulatorios, administración documental y bitácoras para reconstruir las acciones realizadas.
Cristóbal Concha, director general y cofundador de la compañía, aseguró que la automatización puede reducir más de 70% el trabajo operativo en determinados procesos de cumplimiento.
La empresa también sostiene que la elaboración manual de un aviso puede requerir entre cuatro y ocho horas, mientras que un sistema automatizado puede reducir el proceso a segundos. Ambas estimaciones corresponden a mediciones internas de Regcheq.
La plataforma no sustituye la obligación de contar con personal capacitado para supervisar el cumplimiento de la legislación, precisó la compañía.
Antecedentes
La reforma de 2025 a la Ley Antilavado amplió las exigencias de evaluación de riesgos, conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones, trazabilidad y organización documental.
En agosto de 2026 se publicaron nuevas Reglas de Carácter General para definir la aplicación de diversas obligaciones y avanzar hacia mecanismos de control más estructurados y automatizados.
El incumplimiento puede generar sanciones económicas, revisiones administrativas y afectaciones reputacionales. Por ello, las empresas deben revisar no solo su giro comercial, sino también la naturaleza y los montos de las operaciones que realizan.