- La dependencia presentó 517 denuncias penales, pero sólo 53 derivaron en vinculaciones a proceso. También calculó en 83 mil 800 millones de pesos los recursos “protegidos”, cifra que corresponde principalmente a gastos evitados en compras y contratos.
CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó cuatro mil 193 servidores públicos sancionados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026; sin embargo, mil 650 expedientes por faltas graves enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) todavía se encuentran en proceso.
Al presentar el informe de la dependencia este 22 de septiembre en Palacio Nacional, su titular, Raquel Buenrostro, detalló que tres mil 528 sanciones, equivalentes a 84% del total, correspondieron a faltas no graves, mientras que 665 fueron clasificadas como graves.
La Secretaría también remitió al TFJA mil 737 expedientes relacionados con posibles faltas graves. De ese conjunto, 87 personas ya fueron notificadas como sancionadas y mil 650, alrededor de 95%, permanecen pendientes de resolución.
Los expedientes enviados al tribunal no equivalen automáticamente a sanciones firmes, pues corresponde a esa instancia resolver los procedimientos por faltas administrativas graves.
Entre las conductas detectadas se encuentran pagos indebidos, adquisición de bienes o servicios innecesarios, pagos por productos no entregados, sustracción de información bajo resguardo, ocultamiento de bienes, incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y casos de hostigamiento o acoso sexual.
Durante la conferencia no se difundió una relación completa con los nombres de las personas sancionadas, las dependencias involucradas ni los montos correspondientes a cada caso.
Sólo 53 denuncias llegaron a vinculación a proceso
En la vía penal, la dependencia informó que presentó 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionadas con mil 52 servidores públicos y 82 personas físicas o morales.
De ese total, 53 derivaron en vinculaciones a proceso, cifra equivalente a aproximadamente 10% de las denuncias.
Una vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria. Significa que un juez encontró elementos para continuar con el procedimiento penal.
Los posibles delitos denunciados incluyen enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Entre los asuntos mencionados se encuentran un presunto desvío relacionado con un contrato de sistemas de inteligencia de la extinta Policía Federal; irregularidades por 73.6 millones de pesos en pagos de frijol no entregado en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como el reetiquetado ilegal de medicamentos oncológicos en almacenes del ISSSTE.
Sancionan a 286 empresas y proveedores
Buenrostro informó que 286 personas morales fueron sancionadas por irregularidades en procedimientos de contratación pública.
De ellas, 222 recibieron inhabilitación y multa, mientras que 64 fueron castigadas únicamente con una sanción económica. Las multas acumularon 147.3 millones de pesos.
Las conductas señaladas incluyen la presentación de documentación falsa en licitaciones, incumplimiento de contratos, simulación de experiencia o capacidad económica y ocultamiento de conflictos de interés.
La dependencia también reportó 118.5 millones de pesos en multas por infracciones relacionadas con la protección de datos personales.
Los 83.8 mil millones no son dinero recuperado
La Secretaría aseguró que durante los primeros dos años de la administración fueron “protegidos” 83 mil 800 millones de pesos mediante acciones preventivas, revisión de contratos, cobro de penalizaciones y reestructuras administrativas.
La cantidad no representa dinero recuperado y depositado en una cuenta, sino una estimación de gastos evitados y recursos preservados elaborada por la propia dependencia.
Del monto total, 29 mil millones de pesos corresponden a mejores condiciones en compras públicas; 42 mil 200 millones al seguimiento de contratos; cuatro mil 800 millones al cobro de multas, adeudos, penalizaciones y devoluciones, y siete mil 800 millones a reestructuras y medidas de eficiencia administrativa.
Los dos rubros más grandes —compras y contratos— suman 71 mil 200 millones de pesos y corresponden principalmente a recursos que, de acuerdo con la Secretaría, no se gastaron debido a negociaciones con proveedores, supervisión de incumplimientos y detección de modificaciones injustificadas.
Durante la presentación no se mostró una auditoría independiente que permita comprobar el cálculo de cada uno de los componentes de los 83 mil 800 millones de pesos.
Preparan paquete de reformas anticorrupción
Buenrostro adelantó que la dependencia trabaja con el TFJA y la Auditoría Superior de la Federación en un paquete de reformas destinado a definir con mayor precisión los actos de corrupción, impedir su prescripción y evitar la interrupción de los procedimientos.
La propuesta también busca cubrir vacíos legales cuando servidores públicos administren recursos e incorporar la revisión del Infonavit.
El paquete se encuentra en elaboración, por lo que sus disposiciones todavía no forman parte de la legislación vigente.
La Secretaría reportó además 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad y afirmó que 97.7% de las declaraciones patrimoniales fueron presentadas dentro del plazo establecido.
En materia de transparencia, indicó que absorbió 80% de las funciones que desempeñaba el INAI y resolvió ocho mil 222 recursos, de los cuales 14.6% fueron rechazados.
FGR reporta 2 mil 654 detenidos por delitos relacionados con combustible
Durante la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que dos mil 654 personas fueron detenidas por delitos relacionados con combustibles entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.
La mandataria señaló que hasta ese momento no se había identificado a personal de Pemex involucrado directamente en el robo de hidrocarburos y solicitó a la FGR precisar cuántos detenidos son servidores públicos, exservidores o particulares.
Ese desglose no fue presentado durante la conferencia.
Buenrostro señaló, por separado, que la Secretaría Anticorrupción no tiene investigaciones administrativas abiertas contra servidores públicos por estos hechos, debido a que los casos fueron canalizados por la vía penal.