- La disposición entrará en vigor el 3 de noviembre en planteles públicos y privados de todo el país; incluye excepciones educativas, médicas y de emergencia, pero no establece sanciones para quienes incumplan.
CIUDAD DE MÉXICO.— El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales personales quedará restringido durante toda la jornada escolar —incluidos clases, recreos, biblioteca y actividades académicas— en planteles públicos y privados de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, a partir del 3 de noviembre de 2026.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) formalizó la medida mediante el Acuerdo número 09/09/26, publicado este 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Se trata de una disposición administrativa de aplicación nacional y no de una ley aprobada por el Congreso. (sidof.segob.gob.mx)
El documento busca establecer condiciones para el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales y las tecnologías de aprendizaje en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.
La restricción no impide expresamente que el alumnado lleve el teléfono al plantel. Los aparatos podrán permanecer guardados durante la jornada o depositarse en los espacios que, en su caso, determinen las autoridades escolares.
La restricción incluye clases y recreos
En educación básica, la disposición comprende teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales utilizados por niñas, niños y adolescentes.
El decálogo incorporado al acuerdo recomienda dejar el aparato en casa o mantenerlo guardado durante toda la jornada, dedicar el recreo al juego, el deporte y la convivencia, y evitar el uso de redes sociales o juegos digitales dentro de la escuela.
También plantea que el alumnado no tome ni comparta fotografías o imágenes de sus compañeros, docentes u otras personas sin su consentimiento.
Aunque el Gobierno federal presentó la medida como una orientación para fomentar el uso responsable de la tecnología, el artículo segundo del acuerdo establece expresamente la restricción en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.
¿Cuándo podrán utilizarse los celulares?
La disposición no establece una prohibición absoluta. Los dispositivos personales podrán utilizarse en los siguientes supuestos:
- Actividades educativas programadas previamente, con una intención pedagógica y bajo la orientación del personal docente.
- Emergencias personales.
- Necesidades relacionadas con la salud.
- Casos de discapacidad, accesibilidad o inclusión.
- Circunstancias particulares y extraordinarias de una comunidad educativa.
El acuerdo no define caso por caso qué deberá considerarse una emergencia ni precisa el procedimiento para acreditar una necesidad médica, de accesibilidad o inclusión. Estos aspectos deberán resolverse conforme a las necesidades y condiciones de cada comunidad escolar.
En situaciones de emergencia, el decálogo señala que el estudiante deberá buscar a sus maestras o maestros para que se comuniquen con su familia mediante los canales establecidos por la escuela.
Cada bachillerato determinará sus reglas
La aplicación será diferente en los planteles de educación media superior. Cada comunidad escolar deberá efectuar un proceso de consulta y diálogo para acordar la manera de limitar el uso no pedagógico de los dispositivos.
Entre las modalidades contempladas se encuentran:
- Resguardar los teléfonos en el aula o en la dirección del plantel.
- Establecer horarios y espacios autorizados.
- Impedir su uso durante toda la jornada.
- Permitirlos solamente en actividades de aprendizaje programadas.
Los bachilleratos también deberán contemplar excepciones por emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión y necesidades extraordinarias de la comunidad.
Universidades conservarán su autonomía
En las universidades e instituciones de educación superior, la SEP no impone una modalidad única.
El acuerdo promueve el uso responsable y seguro de los dispositivos, pero establece que su aplicación deberá respetar la autonomía universitaria, administrativa y académica de cada institución.
El decálogo correspondiente plantea construir acuerdos sobre los momentos, espacios y periodos en los que podrán utilizarse los aparatos, así como favorecer la experiencia presencial y evitar su uso innecesario durante las actividades de aprendizaje.
Docentes quedaron fuera de la restricción expresa
El artículo que restringe los dispositivos en educación básica se refiere específicamente a niñas, niños y adolescentes estudiantes, por lo que no impone la misma regulación de manera expresa al personal docente.
El documento señala, sin embargo, que maestras y maestros deberán ser ejemplo de un uso seguro y responsable de los teléfonos celulares y otros equipos electrónicos dentro de los espacios educativos.
El acuerdo no establece sanciones
La disposición no fija multas, suspensiones, expulsiones ni otra consecuencia automática para el alumnado que utilice un celular fuera de los supuestos permitidos.
El decálogo de educación básica incluso plantea que las medidas deben cumplirse desde una perspectiva formativa y preventiva, “sin regaños ni castigos”.
Las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México tendrán 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo, para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes.
Por ahora, el documento federal tampoco determina quién responderá si un dispositivo se pierde o resulta dañado mientras permanece bajo custodia de una escuela. Estos procedimientos deberán precisarse durante la aplicación de la medida.
Asambleas comenzarán antes de la entrada en vigor
A partir del 23 de septiembre, las autoridades educativas deberán iniciar asambleas con madres, padres, tutores y demás integrantes de las comunidades escolares.
Las reuniones tendrán como finalidad informar, difundir y construir acuerdos para aplicar las nuevas disposiciones antes de su entrada en vigor, prevista para el 3 de noviembre.
Posteriormente, la SEP y las autoridades educativas estatales deberán celebrar reuniones semestrales para revisar los avances y efectuar los ajustes que consideren necesarios.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, después de recibir observaciones de las entidades federativas, organismos como la UNESCO, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y las subsecretarías de la SEP.