El Senado de la República dio primera lectura a un dictamen que plantea fortalecer las medidas de protección para las víctimas directas e indirectas de feminicidio, mediante una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
El proyecto propone adicionar la fracción IV del artículo 26 de dicha legislación para establecer que el Estado adopte medidas destinadas a garantizar la seguridad personal, familiar y comunitaria frente a la violencia feminicida, así como el bienestar físico, psicológico y emocional, la dignidad y la vida privada de las víctimas.
De acuerdo con el dictamen, aunque el Estado mexicano ha implementado acciones y políticas para prevenir el feminicidio, este delito continúa representando un problema de violencia contra las mujeres. Por ello, plantea incorporar medidas específicas de protección dentro del marco jurídico de reparación del daño.
El documento señala que las víctimas indirectas, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, son los familiares o las personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
Asimismo, establece que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de derechos, independientemente de que el responsable sea identificado, aprehendido o condenado, o de que la persona afectada participe en un procedimiento judicial o administrativo.
El dictamen también retoma el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, que contempla como víctimas a quienes hayan sufrido daños físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo de derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal.
En ese sentido, el documento reconoce que las familias de mujeres víctimas de feminicidio enfrentan diversas consecuencias derivadas del delito, entre ellas cargas judiciales, administrativas, económicas, sociales, psicológicas y físicas.
El proyecto busca que estas condiciones sean consideradas dentro de las acciones de atención, sanción y erradicación del feminicidio, así como en el diseño y aplicación de políticas públicas.
La primera lectura es una etapa del procedimiento legislativo y no implica por sí misma la aprobación definitiva de la reforma.