“La propuesta busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y las autoridades”, explicó el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, durante una mesa de trabajo sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
La Comisión de Hacienda se reunió con funcionarios públicos y representantes de los sectores social y privado para revisar los alcances de la propuesta, que plantea establecer un marco para impulsar el uso de medios de pago digitales y electrónicos.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que la iniciativa busca reducir costos y tiempos de transacción, facilitar el intercambio entre personas y empresas y favorecer la inclusión financiera y la formalización.
La propuesta contempla que las autoridades desarrollen planes y programas de conectividad para facilitar el acceso de la población a los pagos digitales. También establece mecanismos de inclusión financiera y plantea que los tres órdenes de gobierno impulsen soluciones tecnológicas para promover la actividad económica.
En el sector privado, los comercios que decidan aceptar pagos digitales deberán contar con la infraestructura necesaria, informar a sus clientes cuáles medios de pago reciben y atender posibles fallas de operación. Para el sector público, la iniciativa plantea habilitar a los tres niveles de gobierno para recibir pagos digitales en los trámites y servicios que ofrecen.
Durante el encuentro también se abordó la apertura de cuentas bancarias desde dispositivos móviles. Othón Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado del Banco de México, señaló que se busca facilitar este procedimiento, particularmente para operaciones de menores montos, sin dejar de establecer mecanismos para prevenir el uso de cuentas en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Diputados plantean dudas sobre conectividad y uso de efectivo
Legisladores de distintos grupos parlamentarios señalaron aspectos que, consideraron, requieren mayor precisión antes de avanzar con la iniciativa.
Entre los temas planteados estuvieron las condiciones de las personas que no cuentan con conectividad, servicios bancarios o infraestructura tecnológica, así como la situación de pequeños comercios rurales y comunidades donde el acceso a internet es limitado. También se propuso realizar un parlamento abierto y fortalecer la educación financiera.
Otros legisladores pidieron precisar los mecanismos de protección para las personas usuarias, la seguridad de la información, los sectores en los que podría establecerse el pago digital como modalidad y las condiciones que prevalecerían ante una contingencia.
También se cuestionaron las comisiones que cobran las instituciones financieras por terminales de punto de venta y los posibles costos que la digitalización podría representar para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Como resultado de la mesa de trabajo, se planteó que la transición hacia los pagos digitales no implique exclusión ni costos adicionales para los usuarios y negocios. Asimismo, se pidió establecer límites y plazos claros, fortalecer la protección de datos personales y analizar esquemas que consideren las capacidades de cada empresa.
Sector privado pide una transición gradual
Representantes de instituciones financieras, comercios y empresas de tecnología expresaron distintas posiciones sobre la iniciativa. Mientras algunos destacaron su potencial para ampliar la inclusión financiera y modernizar las operaciones, también señalaron la necesidad de que la transición sea gradual y no genere nuevas cargas económicas.
Rafael Ávila, de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, advirtió que una restricción parcial o total al uso de efectivo podría afectar al sector financiero social y a personas que actualmente no son atendidas por la banca tradicional.
Representantes de Mercado Pago México y otros participantes coincidieron en plantear plazos razonables para la implementación, mientras que integrantes del sector empresarial señalaron que los costos de infraestructura y de aceptación de pagos electrónicos no deberían trasladarse a los pequeños negocios.
La discusión continuará en el Poder Legislativo, donde se deberán analizar los alcances de la propuesta, sus mecanismos de implementación y las condiciones para su aplicación en los distintos sectores y regiones del país.