El dictamen propone que los tres órdenes de gobierno acepten pagos electrónicos para trámites y servicios. La oposición cuestionó las condiciones de acceso a internet, bancarización y protección de datos.
Ciudad de México.— La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que plantea facultar a la Secretaría de Hacienda para determinar sectores estratégicos y actividades relevantes donde los medios electrónicos sean la única forma de pago.
La propuesta obtuvo 24 votos a favor y cuatro en contra en lo general, y 25 a favor y cuatro en contra en lo particular, con modificaciones. Fue remitida a la Mesa Directiva para su programación legislativa; la aprobación en comisión no significa que la ley esté vigente.
Según el informe de la reunión, el dictamen establece que las autoridades federales, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para aceptar pagos digitales y electrónicos en trámites y servicios públicos.
La propuesta incluye transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR y tecnología de comunicación de campo cercano, conocida como NFC. Las autoridades competentes podrán establecer mecanismos y plazos para una transición gradual.
Aunque el proyecto no plantea una prohibición general del efectivo, sí contempla que los pagos digitales sean exclusivos en los sectores y actividades que determine Hacienda. Cuando una contingencia impida recibirlos, se permitirá pagar en efectivo o con cheque; esa excepción no podrá utilizarse de manera permanente o recurrente para justificar incumplimientos.
Otro componente es el reconocimiento de la CURP Digital como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros por medios digitales. Las personas podrán elegir entre utilizarla u otro mecanismo de identificación oficial.
También se propone crear el Expediente Digital Ciudadano para consultar o utilizar documentos e información de las personas usuarias, con su autorización.
El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, señaló que la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal busca ampliar la inclusión financiera y aprovechar infraestructura existente, como SPEI, CoDi y DiMo, para incrementar el uso de pagos electrónicos.
Durante la discusión, representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la transición avance sin garantizar conectividad, acceso a cuentas bancarias y protección frente a fraudes. También expresaron preocupación por los costos para pequeños negocios y el tratamiento de información personal y financiera.
La diputada Eva María Vásquez Hernández, del PAN, sostuvo que disponer de aplicaciones no basta si las personas carecen de internet, señal o acceso al sistema bancario: “La inclusión digital no se decreta, esa se construye”.
Desde el PT, José Antonio López Ruíz respaldó el dictamen, pero pidió vigilar las comisiones y otros costos de los pagos digitales para evitar cargas adicionales a familias y pequeños comercios.
La discusión continuará en el proceso legislativo. Los alcances y obligaciones definitivos dependerán del texto que apruebe el Congreso y de las disposiciones que, en su caso, se emitan para su aplicación.