Siete personas fueron detenidas durante cinco cateos realizados en comunidades de Sinaloa, donde autoridades federales aseguraron armas de fuego, presunta droga, vehículos y equipos electrónicos, informó el Gabinete de Seguridad.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal, y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con el reporte oficial, las investigaciones permitieron ubicar inmuebles en las comunidades de Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica, que presuntamente eran utilizados para reuniones, coordinación operativa y apoyo logístico de una célula delictiva señalada como generadora de violencia.
Con los datos de prueba recabados, un juez de control autorizó las cinco órdenes de cateo. Durante las diligencias fueron detenidas siete personas, entre ellas dos mujeres a quienes las autoridades identificaron como presuntas operadoras logísticas del grupo.
Armas, presunta droga y vehículos entre lo asegurado
Las autoridades reportaron el aseguramiento de:
- Tres armas largas y una corta.
- Ocho cargadores y cartuchos útiles.
- Paquetes con cocaína y diversas dosis de droga.
- Dinero en efectivo.
- Teléfonos celulares, una tableta electrónica y dos computadoras portátiles.
- Tres vehículos, un vehículo tipo Razer y una motocicleta.
Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y puestas, junto con los objetos asegurados, a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. Los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo ministerial.
Hasta la información difundida no se precisaron las identidades de las personas detenidas, el nombre de la organización criminal a la que presuntamente estarían vinculadas ni las cantidades y el peso de la droga asegurada.
Las autoridades federales señalaron que el operativo forma parte de las acciones coordinadas para debilitar las capacidades operativas y logísticas de grupos delictivos en Sinaloa. La responsabilidad de las personas detenidas deberá determinarse conforme al desarrollo de las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.