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El Gobierno de la Ciudad de México propuso reformar la Ley de Cultura Cívica para atender determinados conflictos vecinales, infracciones y conductas de baja gravedad mediante mediación, reparación del daño y medidas comunitarias, con el objetivo de evitar que escalen a hechos de violencia.
La iniciativa, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, contempla una vía cívica para ciertos casos de robo de bajo valor sin violencia ni reincidencia, así como daños a bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a alrededor de 5 mil 800 pesos, según lo expuesto por las autoridades.
Brugada señaló que la propuesta busca intervenir antes de que los conflictos deriven en situaciones más graves, sin eliminar la posibilidad de acudir al Ministerio Público ni modificar el Código Penal. La iniciativa deberá ser discutida por el Congreso capitalino, por lo que sus medidas aún no constituyen reglas vigentes.
“Queremos pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”, afirmó la mandataria durante la presentación realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Calpullis de Paz y atención psicosocial
Entre los principales componentes del nuevo modelo se encuentra la creación de los Calpullis de Paz, centros de gestión de conflictos sociales y comunitarios que podrían instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos.
En estos lugares se ofrecerían servicios de mediación, conciliación y justicia restaurativa para resolver diferencias entre vecinos y promover acuerdos sin necesidad de iniciar, en todos los casos, procedimientos judiciales.
La propuesta también incorpora la figura de agentes psicosociales restaurativos, quienes evaluarían factores emocionales y sociales relacionados con determinadas conductas y podrían canalizar a las personas a servicios psicológicos, programas contra las adicciones, opciones educativas o capacitación laboral.
El modelo contempla, además, fortalecer los juzgados cívicos, implementar juicios orales con audiencias públicas y realizar jornadas itinerantes para acercar los servicios a las comunidades.
La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que la estrategia se basa en seis pilares: promover las reglas cívicas, resolver conflictos, prevenir riesgos, fomentar el diálogo, transformar conductas y dar seguimiento a los casos.
Policía de proximidad para detectar conflictos
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que las estrategias La Policía Cerca de Ti y Código 1: Policía en tu Calle contribuirán a identificar conductas que afectan la convivencia y atenderlas oportunamente.
Entre las situaciones contempladas están las riñas, amenazas e intimidación, el consumo de alcohol en espacios públicos, el maltrato animal, los daños a inmuebles, las pintas y la disposición indebida de basura.
La detección de casos también se realizaría mediante reportes al 911, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), asambleas vecinales y mecanismos de proximidad.
Reparación del daño y sanciones
La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que los acuerdos reparatorios registraron un incremento de 120 por ciento, aunque durante la presentación no se detalló el periodo de comparación ni la cifra absoluta de acuerdos.
La iniciativa plantea que ciertos daños de bajo valor puedan resolverse por la vía cívica mediante la reparación del daño y sanciones como arresto o trabajo en favor de la comunidad. Para determinados casos de robo, se prevé considerar condiciones como la ausencia de violencia y reincidencia.
La propuesta también contempla que las personas agraviadas puedan optar por la vía penal o la cívica, según corresponda. La aplicación concreta dependerá de los supuestos y procedimientos que finalmente apruebe el Congreso.
Brugada anunció que el gobierno capitalino destinará recursos a partir de 2027 para mejorar las instalaciones de los juzgados cívicos, fortalecer su operación e incorporar personal especializado, incluidos servicios médicos legistas.
El alcance del modelo dependerá de la aprobación legislativa, los recursos asignados y los mecanismos que se establezcan para garantizar que la mediación y la reparación del daño no sustituyan indebidamente la investigación de delitos que deban atenderse por la vía penal.