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- Algunas reformas estatales y resoluciones judiciales limitan las medidas para garantizar el acceso de mujeres a cargos públicos.
Los avances legales en participación política de las mujeres enfrentan riesgos de retroceso por reformas estatales y resoluciones judiciales que limitan las medidas para garantizar la paridad, advirtió la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan.
Durante el Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, sostuvo que las conquistas normativas todavía encuentran resistencias para traducirse en condiciones reales de igualdad en el acceso y ejercicio del poder.
La consejera expresó preocupación por decisiones que restringen la posibilidad de que las autoridades electorales adopten medidas para favorecer la postulación de mujeres a gubernaturas, presidencias municipales y otros cargos donde históricamente han enfrentado barreras.
La paridad debe reflejarse en el ejercicio del poder
En la mesa “Paridad y Violencia Política en Razón de Género: avances, retrocesos y retos pendientes”, Humphrey explicó que la evolución normativa ha permitido pasar de la paridad en candidaturas a la exigencia de resultados en los espacios de decisión.
Recordó que la reforma constitucional de 2019 amplió el alcance de este principio a los tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno, los organismos autónomos y los sistemas normativos indígenas.
Señaló que su aplicación también ha requerido instrumentos desarrollados por las autoridades electorales, como acuerdos de paridad para candidaturas a gubernaturas, acciones afirmativas y reglas de ajuste en la integración de congresos.
Sin embargo, advirtió que una mayor presencia de mujeres en cargos públicos no significa que todas las barreras hayan sido superadas. Como ejemplo, sostuvo que, pese al incremento de gobernadoras, aún no se alcanza la paridad plena en esos puestos.
También señaló que persisten obstáculos para que las mujeres ocupen posiciones de liderazgo político, aunque representan la mayoría de la militancia partidista.
Llaman a fortalecer la respuesta contra la violencia política
Humphrey convocó a mujeres de la academia, las instituciones electorales, el servicio público y la sociedad civil a colaborar para defender los derechos conquistados.
Asimismo, planteó reforzar la prevención y el combate a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), así como garantizar condiciones de igualdad durante el desempeño de los cargos.
La mesa fue moderada por Gabriela Guadalupe Valencia Luévano, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila. Participaron también María Guadalupe Vázquez Orozco, magistrada de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Leticia Bravo Ostos, consejera del Instituto Electoral de Coahuila.
Las participantes coincidieron en fortalecer el seguimiento de los casos de violencia política y la coordinación entre instituciones.