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- Los proyectos de la gobernadora Delfina Gómez y del diputado Octavio Martínez plantean cambiar la elección de autoridades y ampliar la representación universitaria, con diferencias en la ponderación del voto.
La elección de autoridades mediante voto directo, libre y secreto, así como la eliminación progresiva de cuotas escolares, forman parte de dos iniciativas para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), que analizará el Congreso mexiquense.
Las propuestas fueron presentadas por separado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena. Ambas buscan ampliar la participación de la comunidad universitaria, aunque establecen mecanismos distintos para contabilizar los sufragios y organizar la representación interna.
Se trata de proyectos sujetos a discusión legislativa; los cambios todavía no están aprobados.
Propuesta del Ejecutivo proviene del Consejo Universitario
La iniciativa enviada por la gobernadora reproduce íntegramente el proyecto aprobado por el Consejo Universitario el 17 de julio, después de una consulta con estudiantes y personal académico y administrativo, según su exposición de motivos.
El documento plantea que la comunidad elija a la persona titular de la rectoría mediante sufragio personal, directo, libre y secreto. Los votos se contabilizarían por sector —alumnado, personal académico y administrativo—, conforme a la ponderación que establezca el Estatuto Universitario.
El Consejo Universitario otorgaría el nombramiento con base en los resultados presentados por un Órgano Electoral Universitario, que tendría autonomía técnica, operativa y de gestión para organizar y vigilar los procesos.
El mecanismo también comprendería la elección de direcciones de espacios académicos y representantes ante el Consejo Universitario.
Gratuidad sin comprometer las finanzas
La propuesta del Ejecutivo contempla un plan para eliminar progresivamente los cobros de inscripción y reinscripción, en términos de la Ley General de Educación Superior.
La transición tendría que realizarse sin poner en riesgo las finanzas de la universidad ni el cumplimiento de sus funciones. Por ello, no se plantea una eliminación inmediata de todas las cuotas.
También prevé ampliar la representación con voz y voto de centros universitarios y unidades académicas profesionales en el Consejo Universitario.
Otro componente es la creación de un Sistema de Ética y Justicia Universitaria, con independencia en su actuación, para atender faltas disciplinarias y de responsabilidad universitaria mediante procedimientos que incorporen mediación, conciliación y justicia restaurativa.
Octavio Martínez propone mayor peso al voto estudiantil
La iniciativa del legislador también plantea elecciones universales, libres, secretas y directas, pero propone expresamente que el sufragio del sector estudiantil tenga un peso equivalente al doble del correspondiente al personal académico o administrativo.
Además, incorpora la alternancia de género en rectoría y direcciones, paridad en órganos colegiados, presupuesto participativo y auditorías externas obligatorias y periódicas.
El proyecto incluye un catálogo de derechos universitarios, entre ellos la libre asociación, la protesta pacífica, la manifestación de ideas y la participación informada.
También considera faltas graves las conductas relacionadas con acoso sexual, hostigamiento, violencia de género, corrupción y conflicto de interés.
Autonomía y consulta a la comunidad
Martínez propone reformas a la Constitución mexiquense y a la Ley de Educación estatal para fortalecer los principios de autonomía, democracia, transparencia y rendición de cuentas.
Entre sus planteamientos está que las iniciativas para modificar leyes orgánicas de universidades autónomas cuenten con una consulta previa, libre e informada a sus comunidades, así como con una respuesta explícita de su máximo órgano colegiado.
En el caso del proyecto enviado por la gobernadora, las autoridades y representantes electos continuarían en funciones hasta concluir sus periodos. De aprobarse, el Consejo Universitario tendría hasta 365 días desde la entrada en vigor del decreto para expedir el nuevo Estatuto Universitario.
La implementación de los sistemas, programas y servicios sería progresiva y estaría sujeta a suficiencia presupuestal.