La diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI) propone exhortar a las entidades federativas para que implementen acciones de asesoría, acompañamiento y seguimiento a trámites que realizan adultos mayores, a fin de cerciorarse que sean adecuadamente comprendidos en sus causas y efectos.
En México, señaló, 10.1 millones de habitantes tiene 60 años o más, y la mitad no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo a lo señalado por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.
Los recursos para este sector se han mantenido relativamente estables desde 1990. Mientras el gasto promedio del Estado hacia los adultos mayores en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es 7.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en México no se gasta más del 2 por ciento.
La legisladora priista comentó que las gestiones gubernamentales que debe realizar cotidianamente un adulto mayor no es distinto o menor de la que corresponde a los demás ciudadanos; sin embargo, el apoyo y acompañamiento que entes públicos brindan en la realización de los mismos y en qué consiste el trámite, es prácticamente nulo y se reduce a la “buena voluntad” del servidor público que da la atención.
La propuesta presentada en la Comisión Permanente destaca que en muchas ocasiones estas personas deban multiplicar sus visitas a la misma oficina o “tolerar” maltratos de quienes los atienden; en casos más graves, padecer la complicidad de aquellos con familiares del adulto mayor que terminan en perjuicio de sus derechos y en violencia familiar.
Hernández Madrid consideró necesario que estas personas ejerzan sus derechos a plenitud, y realicen los distintos trámites a que estamos sujetos las y los ciudadanos con total certeza de su comprensión, causas, efectos, derechos y obligaciones y con ello evitar abusos, malos tratos, pérdida de tiempo y, ante todo, violaciones a sus derechos humanos.
Resaltó que las personas adultas mayores deben contar con una asesoría especializada en los trámites administrativos que realicen así como conocer sus derechos. La propuesta se turnó a la Segunda Comisión.
