La legisladora Tania Elizabeth Ramos Beltrán (PRD) impulsa una iniciativa para reformar la Constitución Política, a fin de disminuir la edad para ser diputado, de 21 a 18 años, cumplidos al día de la elección.
Resaltó que esta propuesta constituye una solución democrática y una oportuna respuesta a la justificada demanda de los ciudadanos de 18 años en adelante, de ser cabalmente valorados y de contar con medios eficaces para contribuir al desarrollo de la nación.
Precisó que el derecho para ser electos como diputados federales, que implique la adecuada evolución de la participación política, redundará en bienestar, prosperidad, colaboración e inclusión de los jóvenes con legítimas ambiciones políticas para tener un cargo de representación popular.
Enfatizó que en este sector de la población se encuentran las más grandes y francas potencialidades para realizar los principios más nobles del quehacer político y los partidos ven en ellos un potencial capital, no sólo electoral, sino de renovación en los distintos cargos que hacen posible este sistema democrático representativo.
La diputada indicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), al 7 de julio de 2017 los jóvenes entre 18 y 29 años de edad representaban 29.32 por ciento de las personas registradas en el Padrón Electoral y 29.21 por ciento en la Lista Nominal de Electores.
En este sentido, agregó, este grupo tiene la oportunidad de exponer sus necesidades específicas en la arena política, además de ejercer activamente sus derechos que conlleven reformas efectivas en el campo de la política y de los cargos de representación popular.
Sin embargo, apuntó, el INE reconoce que entre los jóvenes existe una desilusión en la política, ya que en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 identificó que quienes tenían entre 20 y 29 años de edad fueron los que menos votaron, alcanzando apenas un nivel de participación de 35.66 por ciento, 11.41 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (47.07). No obstante, quienes votaron por primera vez (18-19 años) tuvieron una participación más activa y tan sólo 2.85 puntos porcentuales por debajo del promedio en el país.
Consideró que el abstencionismo electoral no significa una ausencia total de participación de estas personas, ya que se caracteriza, principalmente, por orientarse hacia la satisfacción de necesidades de ocupación del tiempo libre y, sólo de manera secundaria, de sus intereses sociales y políticos.
La legisladora refirió que en 2013, quienes tenían de 12 a 29 años de edad representaban 32.1 por ciento del total de la población y para 2020 se estima que dicha proporción será de 30.5 por ciento, momento a partir del cual se reducirá de manera constante hasta alcanzar 24.4 por ciento en 2050.
Dichas estimaciones, continuó, indican que México tiene una población joven, la cual requiere de diversos canales que permitan su desarrollo integral, como el de la política. Por lo tanto, dijo, es necesario analizar la viabilidad y pertinencia de reformar la edad mínima establecida para la elección de los diputados federales de 21 a 18 años, para hacerla coincidente con la edad de ciudadanía y de pleno goce de derechos políticos.
Estimó que el poder reformador constituyente debe revalorar el papel de la población juvenil en la política, para que asuma un papel protagónico en la consolidación de la democracia, y abrir espacios, derribando los obstáculos de participación.
“Al ser capaces de tener plenos derechos políticos a partir de los 18 años, más jóvenes se interesarán en asumir cargos de representación popular como el de diputado federal que, eventualmente, pueda constituir un bloque permanente que represente los intereses de la juventud mexicana”.
Comentó que algunos estados han reformado los textos constitucionales o leyes electorales respectivas eliminando la edad mínima de 21 años para ser diputado local, como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.
Por ello, propuso reformar la fracción II, del artículo 55 de la Carta Magna, al considerar que este sector, con su participación en el Poder Legislativo, dispondrán de los instrumentos jurídicos de acción para influir y orientar el perfil de las instituciones colectivas y participar en las decisiones políticas que determinan el rumbo de la sociedad. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.
