• Al cierre de 2016, se reportó la existencia de 36 mil 194 cámaras en el país
• Estos sistemas afectan el derecho a la libertad y privacidad de quien habita las ciudades custodiadas por el lente, señala
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, afirma que en México hace falta una legislación federal para enmarcar el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia a nivel nacional y definir criterios de instalación, administración y gestión.
Sin embargo, la proliferación de sistemas de videovigilancia hace necesario construir un marco normativo que limite y regule su uso, lo que implica una legislación formal federal, códigos de prácticas, estándares técnicos y la intervención de los diferentes niveles de gobierno, precisa.
En el documento “Vigilar sin castigar. Un panorama de la videovigilancia en México”, indica que mucho se ha discutido sobre el fin que persiguen estos sistemas debido a la ineficiencia en la reducción de la criminalidad en ciudades que han decidido invertir en ellos con el propósito de ser seguras, resolver cualquier problema (delictivo) y convertirse en un polo de atracción y confianza para el turismo.
La legislación sobre el uso de la videovigilancia, abunda, es todavía incipiente en México; se centra en los temas relativos a privacidad y la protección de datos personales, pero deja de lado los efectos sociales.
CESOP resalta que aunque se registró una disminución en la incidencia de delitos de alto impacto, ello no se puede atribuir a la existencia de cámaras de videovigilancia.
Asegura que “la proliferación del uso de estos sistemas tiene un elevado potencial simbólico para transmitir una imagen de capacidad y de acción política”. No obstante, precisa, “van en detrimento del derecho a la libertad y privacidad de quien habita las ciudades custodiadas por el lente”.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, al cierre de 2016 se reportó la existencia de 36 mil 194 cámaras de vigilancia en el país.
La Ciudad de México es la entidad donde se contabilizó más el uso público de las videocámaras, con poco más de 15 mil dispositivos. No obstante, se cuenta con un marco jurídico que los regula, como una medida para garantizar la seguridad de sus habitantes, a través de decretos y lineamientos.
En tanto, el Estado de México ocupó la segunda posición en número de cámaras con 10 mil, seguido de Guanajuato con dos mil 189. Baja California Sur y Aguascalientes menores cifras, y de Campeche y Tamaulipas no se dispuso información.
La CDMX es pionera en el país en materia de videovigilancia, a través del programa “Ciudad Segura”; se instalaron más de ocho mil cámaras en el área metropolitana entre 2009 y 2012, así como un centro de control de emergencias y la capacitación de funcionarios para operar el sistema. La primera etapa del programa tuvo un costo aproximado de 760.8 millones de dólares.
Sin embargo, afirma el CESOP, el cuestionamiento es si con la instalación de estos nuevos dispositivos de seguridad el crimen descendería y el problema podría quedar resuelto. A la par, indica, algunos estudios establecen mecanismos normativos en los diferentes niveles de gobierno que definan criterios para el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia.
Menciona que dicha estrategia se ha extendido alrededor del mundo como una medida para combatir la inseguridad. Algunos países, como Reino Unido, España y Argentina, también cuentan con un marco jurídico.
