El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, señala que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el capítulo laboral, representa un serio desafío para México, pues las presiones ejercidas por sus pares no se pueden atender en el corto plazo, “más si se habla de una homologación salarial entre las tres naciones”.
Por tanto, considera que el gobierno mexicano debe trabajar para no aplicar más una política salarial inercial basada en bajos sueldos, porque tendrá que brindar soporte a la competitividad internacional de sus productos y servicios. “La inserción del país en este acuerdo laboral va a depender por entero de los incrementos en la productividad y de los salarios”.
En el artículo “Trabajo y salarios. Panorama mundial y el caso de México”, del reporte “Salario digno, pensión digna, vida digna”, el CESOP destaca que para alcanzar condiciones “dignas y decentes” en estos rubros, México deberá recorrer en el futuro cercano un camino “difícil y tortuoso”.
“Resulta abrumador cómo la precarización laboral domina la escena nacional, debido al grave distanciamiento entre las políticas y las prácticas y recomendaciones internacionales provenientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, afirma.
Abunda que la flexibilización derivada de la reforma laboral de 2013 abonó a favor de las expectativas de empleo, no así de un mejor panorama de salario remunerador y digno.
Como resultado de esto, continuó, “una gran proporción de la población ocupada permanecerá situada en el sector informal de la economía y en la escala de ingreso de hasta uno o dos salarios mínimos. En el panorama internacional, tampoco se avizora un futuro esperanzador para los trabajadores”.
Además, el CESOP menciona que los avances tecnológicos, la innovación y el desarrollo de las telecomunicaciones están desplazando de la economía formal a amplios contingentes de mano de obra, por lo que la especialización del trabajo se convierte en una exigencia mayúscula para quienes ocupan hoy una vacante de empleo estable y remuneración digna.
La presencia y predominio en los mercados nacionales de las grandes corporaciones transnacionales, ha despertado profunda preocupación en los países receptores de este tipo de inversiones por el consiguiente grado de concentración económica que ocasiona y la creciente influencia que estos corporativos ejercen en la fijación del nivel general de remuneraciones salariales, sea en el plano interempresa o en todo un sector económico, detalla.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Política Económica de los Estados Unidos, la concentración industrial y los salarios son controlados por las principales empresas instaladas en cada rama de actividad; por consiguiente, a ellas es atribuible la caída registrada en los sueldos, comenta.
El CESOP precisa que la cooperación internacional para el desarrollo es indispensable para encauzar el logro de mayores niveles de empleo, así como para hacer realidad el objetivo del trabajo digno y decente.
Precisa que el poder que la negociación colectiva y el diálogo social pueden ejercer en la consecución de mejores condiciones laborales resulta decisiva, de ahí la necesidad de contar con organizaciones de trabajadores e instituciones públicas que abonen en beneficio de las causas población ocupada.
En el documento, menciona que la desigualdad salarial puede provenir de múltiples causas: diferencias de género, perfil de capacidades y destrezas laborales obtenidas, edad o antigüedad en el empleo, al tamaño y sector de actividad de la empresa de que se trata o el tipo de contrato del trabajador.
De igual modo, expone que los aumentos de la productividad laboral deben estar asociados a mejores remuneraciones salariales. “Pero este hecho no suele suceder en México porque, al contrario, los niveles de productividad se encuentran estancados”, afirma.
Sin embargo, subraya, esta realidad no es tan contundente, ya que la evolución en los sectores productivos industriales ilustra que la manufactura sí ha registrado incrementos sustantivos en la productividad laboral, lo que ha impactado de manera positiva en el nivel de remuneraciones.
De 2015 a 2017, Población Económicamente Activa sumó 887 mil personas más; a la inactiva se agregaron 2.1 millones
El documento del CESOP destaca que la Población Económicamente Activa (PEA) sumó, entre 2015-2017, 887 mil personas más, mientras que a la inactiva se agregaron dos millones 102 mil. El total ocupado representó el 96.5 por ciento, por lo que la tasa desocupada ascendió a 3.5 como porcentaje de la PEA.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 50.6 por ciento de la población ocupada se concentra en ciudades con más de cien mil habitantes y sólo 20.6 por ciento vive en localidades rurales de menos de dos mil 500 ciudadanos.
El trabajo subordinado domina el panorama laboral, pues representa el 68 por ciento del total de la población ocupada, seguido por el de cuenta propia con 22.1 por ciento, y con escasa participación de empleadores y trabajo no remunerado.
Además, entre 2013 y 2017 el trabajo subordinado agregó un total de 2.6 millones de personas, mientras que otras 600 mil se sumaron al encargo por cuenta propia. Las tasas de subocupación y desocupación revelan condiciones de empleo precario. La primera fluctuó entre 6.8 a 8.6 como porcentaje de la población ocupada entre 2013 y 2017.
En el caso de la tasa de desocupación, el rango se abre de 3.3 a 4.6 como porcentaje de la PEA y su concepto radica en el universo de personas que se encuentra en búsqueda de una vacante sin conseguirlo. La población en la economía informal representa casi el 60 por ciento de la ocupada total.
Respecto al trabajo infantil, el INEGI reveló en 2015 que la población total a nivel nacional que pertenece al grupo de cinco a 17 años ascendió a 29 millones 99 mil 38 personas, de los cuales 22 millones 465 mil 991 estaban entre cinco a 14 años y cinco millones 357 mil 503 de 15 a 17 años.
Del total de esa población, 27 millones 331 mil 445 asistían a la escuela y dos millones 80 mil 343 no lo hacían. Además, dos millones 475 mil 989 estaban ocupados y un millón 330 mil 607 realizaba una actividad considerada peligrosa; mientras que dos millones 217 mil 648 lo hacían en una no permitida.
La mayor parte de la población ocupada infantil trabajaba en 2015 para un familiar y se mantuvo en actividades agropecuarias (660 mil 135), comercio (501 mil 066) y servicios (560 mil 457). Entre los motivos por los que los menores trabajan destacan: el hogar necesita de su aportación económica, su morada necesita de su trabajo, aprender un oficio, pagar su escuela y/o sus propios gastos, por gusto o sólo por ayudar, liquidar deudas o no estudiar.
En 2015, la población dedicada a las actividades agrícolas ascendió a 3 millones 355 mil 264 personas. De ese total, el 25.3 por ciento percibía hasta un salario mínimo; 50.1 por ciento más de uno, hasta dos; 16.8 por ciento más de dos y hasta tres, y 7.7 por ciento, tres o más salarios mínimos.
Respecto al trabajo doméstico, en el país existen un total de 2 millones 480 mil 466 personas de 15 años y más, lo que representa el 4 por ciento de la población ocupada total. La mayor proporción de esta clase de trabajadores, desempeña labores como empleado doméstico (79%), cuidado de niños, discapacitados y ancianos en casas particulares (8%), jardineros en casas particulares (5%) y lavanderos y planchadores domésticos (3%).
El 90 por ciento de este grupo es femenina, con una edad promedio de 42.3 años, 6 por ciento es analfabeta, 40 por ciento ha cursado algún grado de secundaria, 99 por ciento no tiene un contrato escrito y 60 por ciento trabaja menos de 40 horas a la semana. El 76 por ciento percibe ingresos de hasta dos salarios mínimos o menos y 70 por ciento no recibe prestaciones sociales.
