El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM) propuso un exhorto para solicitar a los Congresos locales, que aún no lo han hecho, armonizar a la brevedad su legislación con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Lo anterior, debido a que en cuanto a objetivos generales, sólo 16 de las 32 entidades del país cumplen totalmente con las premisas del SNA, mientras que el resto coincide sólo parcialmente.
La corrupción, afirmó, se ha convertido en el gran malestar social, pues representa un fenómeno atemporal y omnipresente que obstaculiza el correcto funcionamiento del Estado y sus instituciones.
El legislador, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, consideró fundamental continuar los esfuerzos para lograr asentar un sistema coherente y bien coordinado, con el objetivo de hacer frente al flagelo que significan los actos deshonestos.
En su punto de acuerdo, presentado en la Permanente y turnado a la Primera Comisión -Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia- refiere que Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 95 entre 168 países en el índice de percepción de corrupción a nivel mundial y en el sitio 11 de los 22 países de América Latina.
Esta medición nos otorgó sólo 35 de 100 puntos en lo relacionado a cómo se combate esta práctica, lo mismo que en 2014, y un punto por arriba de lo registrado en 2012 y 2013.
Asimismo, México ocupa el último lugar en esta materia entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y nos separan 86 y 79 lugares respectivamente, de nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos.
Rodríguez Sandoval recordó que el SNA entró en vigor en julio de 2017, con el propósito primordial de prevenir, detectar y sancionar hechos corruptos, así como fiscalizar y controlar los recursos públicos; sin embargo, “aún estamos lejos de contar con un andamiaje completo que funcione plenamente”.
Aseguró que poner en marcha el SNA no sólo implicaría una inversión de recursos humanos y financieros, sino también una enorme labor legislativa para armonizar las disposiciones jurídicas que sustenten la actividad del propio sistema.
Señaló que “debemos reconocer que todos los esfuerzos no han sido suficientes, ya que la corrupción en México aún es un obstáculo para el desarrollo, así como para el ejercicio pleno de derechos”.
“La magnitud de la corrupción e impunidad es enorme. Ni un sólo país está libre de este tipo de prácticas, pero ello no puede servir de consuelo, especialmente cuando por este problema se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor a la dedicada a la asistencia social”, concluyó.