Ante supuestas violaciones a la normatividad congresistas que integran la Comisión Política Permanente piden a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continuar la verificación y supervisión sobre las empresas de servicio de transporte Uber, Cabify e Easy Taxi.
Si bien, a través de un punto de acuerdo, reconocen la labor de Profeco en la defensa y protección de los derechos de los usuarios del servicio de transporte privado de pasajeros, ante las sanciones impuestas por falta de información en las plataformas para los usuarios de estos servicios. Las medidas de supervisión y verificación en contra de las empresas prestadoras del servicio de transporte privado de pasajeros, deben ser continuas, a fin de garantizar la protección de la información y datos proporcionados por los usuarios de esos servicios, señala el dictamen de punto de acuerdo.
Recordaron que dichas empresas fueron sancionadas por prácticas comerciales coercitivas y desleales, al tratar de deslindarse de cualquier responsabilidad legal y difundir publicidad engañosa.
En torno a este tema, el diputado Ricardo García Portilla resaltó la urgencia de que se continúen con las supervisiones que se hacen a las empresas, ya que, actualmente, siete millones de personas utilizan estos servicios.
A su vez, Diva Gastélum Bajo, senadora del PRI, pidió a la Profeco vigile que se cumplan medidas de seguridad, toda vez que se los choferes de este servicio de transporte han sido responsables de homicidios y feminicidios; 103 choferes son acusados de violencia sexual, de los cuales sólo 31 han sido sentenciados.
En otro asunto, los legisladores solicitaron un informe a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sobre la existencia del programa “Tu Casa” en el estado de San Luis Potosí, a través de la financiera “Impulso para el Desarrollo de México S.A. de C.V.”, como entidad ejecutora, así como el cumplimiento de las demandas presentadas por los beneficiarios de dicho programa.
Sobre este tema, la diputada Ruth Tiscareño Agoitia explicó que se han detectado formas de fraude en las que algunas personas se hacen pasar por gestores de subsidio o personal de la Comisión Nacional de Vivienda, y que al gestionar una supuesta adquisición de vivienda se quedan con los recursos de quienes buscan comprar una vivienda.