El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exhortó a las autoridades federales a dotar de los recursos necesarios al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y garantizar los del próximo año.
“El mejor antídoto para prevenir agresiones a periodistas es evitar la impunidad”, dijo durante la presentación del Estudio Seguimiento de las Recomendaciones Generales de la CNDH sobre agravios a periodistas en México.
“La perspectiva es que en octubre se agote ese presupuesto (del Mecanismo). Entonces, me parece preocupante porque el tema de agresiones no se ha revertido, el tema de impunidad sigue latente. De ahí el llamado -como lo hicimos el año pasado-, para que se prevea el cierre del año y el presupuesto adecuado del 2019”, acotó.
El ombudsperson nacional adelantó que se implementará en la página oficial del organismo un micro sitio con un semáforo que indique el nivel de cumplimiento de las autoridades a la recomendación de la CNDH.
En su oportunidad, la directora regional de la organización Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, dijo que el nivel de impunidad en agresiones a periodistas es de 99.6 por ciento, por lo que “no se puede hablar de protección (a periodistas), si no hay un combate decidido a la impunidad”.
Consideró que hay una falta de respuesta de las autoridades para garantizar la no repetición, dado que aceptan en 94 por ciento las recomendaciones, pero no las cumplen, “no hacen nada para cambiar la situación” de violencia contra el gremio periodístico.
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Trejo Delarbre, calificó los agravios a periodistas como atentados a la circulación de ideas y, por tanto, atentados contra la democracia, y opinó que, incluso, la propia sociedad mexicana no se ha hecho cargo de manera suficiente de las implicaciones a esas afrentas.
En una sede alterna de la comisión, ubicada en el Centro Histórico, consideró que las estadísticas de agresiones contra el gremio periodístico alcanzan enorme gravedad; sin embargo, se han vuelto frecuentes, se extienden a más regiones del país y quedan impunes.
El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con el nivel III, ejemplificó el caso de Tamaulipas, donde existe una “terrible erosión institucional” que afecta a los periodistas, de ahí que se les debe garantizar el amparo de la justicia.
El estudio aborda el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales de 2001 a 2017. Las “recomendaciones tienen ausencias en impartición de justicia”, expresó el investigador.
Finalmente, recordó que los destinatarios de las recomendaciones generales tienen un plazo de 30 días para responder a éstas, a partir de su publicación, pero solamente 17 por ciento cumplió con la recomendación 17/2009; 30 por ciento con la 20/2013 y 25 por ciento, con la 24/2016, todas ellas relacionadas con agresiones a periodistas.
