Al señalar que la suficiencia del salario mínimo general es un derecho humano, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, se pronunció porque las políticas públicas que se emprendan tengan por objeto que las personas superen la pobreza, y no sólo busquen “paliar sus manifestaciones más evidentes”.
Al participar en la presentación del estudio “Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del Artículo 1 constitucional”, dijo que le gustaría conocer pronto algún pronunciamiento al respecto, de las nuevas autoridades del país.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comentó que la pobreza sigue creciendo en el mundo y es cada vez más aguda y lacerante, y en México forma parte central de la agenda de esta instancia.
Abatir la pobreza, subrayó, lleva implícito que las personas no sólo tengan acceso a mayores recursos, sino a más y mejores oportunidades de desarrollo, así como al debido ejercicio de sus derechos. “Abatir la pobreza da a las personas autonomía y libertad, preservarla propicia dependencia y subordinación”, añadió.
González Pérez descartó que los esquemas asistencialistas sean una contribución efectiva contra este flagelo, sino que por el contrario, coadyuvan a preservarlo “generando esquemas de control y dependencia entre quienes reciben las ayudan y aquellos que las otorgan”.
En este sentido, destacó que el estudio, como eje central, propone mecanismos para incorporar un enfoque de derechos humanos a las políticas públicas diferenciadas a partir de conceptos universales.
“Tenemos que atender las condiciones de vulnerabilidad de distintos sectores y diseñadas para enfrentar esa pobreza y esa desigualdad, esto es que su diseño, aplicación y evaluación se construyan o efectúen por y para la salvaguarda de la dignidad humana”, expuso.
El ombudsman enfatizó que educación, salud, alimentación nutritiva, vivienda, seguridad, así como trabajo digno y bien remunerado, son algunos de los elementos que se deben considerar para dar respuesta efectiva al problema de México.
“Saludamos la intención reiterada por parte de las nuevas autoridades de asumir el combate efectivo y real de la pobreza como una prioridad en los planes, programas, políticas públicas que estarán vigentes en los próximos años”, subrayó en compañía del sexto visitador general, Jorge Ulises Carmona.
Informó que el análisis será puesto en manos de las autoridades actuales y entrantes, porque en el tema de la pobreza “no podemos dejar pasar ni un minuto”, “es una deuda que tenemos con mexicanos y mexicanas”.
Antes, al presentar el estudio, elaborado por el equipo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo de esta organización, destacó que el diagnóstico de las políticas públicas en México es que de los 232 programas federales, de acuerdo con el inventario de 2017, sólo 40 cubren a más de 50 por ciento de su población objetivo.