Diputados de todas las fracciones parlamentarias continuaron con el análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de política social, y fijaron sus posturas respecto al número de pobres que hay en el país, combate a la desigualdad, impulso a educación, vivienda, alimentación y aplicación de programas sociales para superar desigualdad social.
Durante la segunda ronda de intervenciones, el diputado Bonifacio Aguilar Linda (Morena) apuntó que el Sexto Informe “no reconoce fallas ni errores” e intenta crear la apariencia de que todos los niños y jóvenes del país asisten a las escuelas, pero “nada dice de que recortaron el presupuesto educativo que impidieron que millones sean atendidos”.
Aseguró que no existe ninguna mención a los “prolongados conflictos y rebeldía del magisterio”, ninguna referencia de los 50 profesores desaparecidos, de los dirigentes encarcelados y mucho menos a los maestros y padres de familia asesinados en Nochixtlán.
“Se presume que gracias a la reforma educativa las plazas no se venden, pero no se dice que las autoridades estatales no reportan todas las plazas vacantes ni continúan otorgándolas en forma discrecional, sin respetar los resultados de los exámenes”, proceso que únicamente ha servido para evaluar, no para mejorar la calidad de educación, la cual es una asignatura pendiente, precisó.
Sostuvo que ninguna reforma podrá transformar la educación si no resuelve la falta de agua, energía eléctrica, sistema de drenaje, mobiliario y conexiones de Internet en las escuelas públicas del país. “La reforma educativa no fue más que un mecanismo para garantizar los controles políticos y electorales de los profesores y sus sindicatos”.
Del PAN, la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo expresó que “las malas decisiones” de esta administración provocaron la desaceleración de la actividad económica y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores, particularmente de los que enfrentan condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad.
Consideró que el panorama triunfalista que presentan en el VI Informe de Gobierno, no corresponde a la realidad, pues en este sexenio, de acuerdo con las cifras oficiales, se tienen 53.4 millones de personas en pobreza y nueve millones en pobreza extrema. “Esta es nuestra realidad, que va más allá de cifras alegres que presentan en el documento del Ejecutivo. Está claro el fracaso gubernamental, sobre todo en esta materia”.
En este sexenio, añadió, la política social abandonó a los más pobres, a quienes más necesitan, “hizo de la política social una herramienta de corrupción, de falta de transparencia, fueron especialistas en el manejo opaco. Poco, muy poco pudieron hacer al respecto, y convirtieron estos instrumentos para sus fines personales y político-electorales”.
Afirmó que México merece una política responsable en materia social y combatir la desigualdad, en lo cual “todas y todos tenemos responsabilidad”. Añadió que no se debe dar tregua a la impunidad. “Esperamos que el nuevo gobierno sancione la corrupción de la que ha sido objeto esta política social y que actúen de manera inmediata”, enfatizó.
La diputada priista, Anilú Ingram Vallines, manifestó: “nadie puede negar que aún hay muchos pendientes por resolver, pero hay avances significativos en materia de desarrollo social como la Estrategia Nacional de Inclusión, cuyo objetivo no fue sólo intentar ponerle fin al hambre, sino cerrar las brechas de desigualdad a través del esfuerzo conjunto entre todas las dependencias y los tres órdenes de gobierno.
Destacó que en este gobierno más de 2.2 millones de mexicanos que salieron de la pobreza extrema y de acuerdo con el Coneval se disminuyó a la par la pobreza moderada. Además, cerca de 67.3 millones de personas hoy son atendidos en clínicas del IMSS, lo que significa que 6.2 millones de habitantes más tienen acceso a los servicios de salud.
Agregó que en este sexenio se incorporó a un millón 100 mil familias al Programa Prospera. “Hoy, el país cuenta con una red de más de 5 mil comedores comunitarios que diariamente sirven más de un millón de alimentos; 2.8 millones de personas más tienen acceso a una alimentación sana, variada y suficiente y se logró beneficiar a 700 mil habitantes de comunidades indígenas”.
Por otra parte, apuntó que se ejecutaron 8 mil obras y acciones en materia de infraestructura básica. “Por eso, veamos por el espejo retrovisor e intentemos imaginar cómo sería el país sin estos resultados alcanzados. No se trata de destruirlo cada seis años para pintarlo de otro color. Si actuamos todos con la madurez política que exigen los nuevos tiempos de México, podemos comenzar a levantar el modelo de nación que queremos”.
Por el Partido Encuentro Social, la diputada Elba Lorena Torres Díaz subrayó que el Sexto Informe de Gobierno contiene sólo un cúmulo de datos cuantitativos y poca evaluación cualitativa del servicio y cobertura de salud; descoordinación entre los tres niveles de gobierno; falta de transparencia en los datos que aportan, y no se hace eco en las dificultades que pasan los enfermos al buscar atenderse.
Además, existen decenas de hospitales en construcción y proyectos de bajo esquema de las asociaciones público-privadas que se convierten en verdaderos elefantes blancos y no operan como deberían, por lo que agregó: “Desde esta tribuna expresamos nuestro compromiso de que el gasto en materia de salud siga siendo prioritario y de interés público, por lo cual éste debe ser objeto de seguimiento y evaluación y no podrá sufrir disminución en sus montos presupuestales”.
Torres Díaz expresó que desde la Cámara de Diputados vigilarán que los recursos asignados a este sector se apliquen conforme a los objetivos planteados por el gobierno electo en el Proyecto Alternativo de Nación y se incluirán en el Presupuesto de la Federación 2019.
“Nuestro compromiso es mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, porque ese es el mandato de la sociedad y estamos para cumplirlo. Hagámoslo hoy y hagámoslo nosotros”, finalizó.
El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) señaló que en México se destina más dinero público para los reos que para los jóvenes que deben y están en la universidad pública. “Las cárceles no rehabilitan o profesionalizan al ciudadano que ha elegido la carrera de delincuente”.
Manifestó que la educación superior en México atraviesa por una de las crisis más profundas de su historia. Lo a que afecta a las universidades públicas estatales “es producto y resultado de la imposición de una política pública de corte mercantilista, privatizador, excluyente y profundamente diferenciada del gasto público en la materia”.
Aseguró que entre 2009 y 2017, la matrícula se incrementó en un 51 por ciento, mientras que el presupuesto para educación superior creció solo en un 18 por ciento, lo que implicó una disminución del gasto por alumno del 22 por ciento. Esta erogación equivale a la cuarta parte del gasto por alumno promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Indicó que existe una fuga de talentos; actualmente, 1.2 millones de profesionistas mexicanos, incluyendo 300 mil posgraduados y 30 mil doctores, en su mayoría formados en el campo de la ciencia y la tecnología, residen fuera de nuestras fronteras.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar afirmó que “el ejercicio de los recursos públicos para el desarrollo social se convirtió en un rentable negocio a costa de los sectores más vulnerables” por la corrupción en el manejo de los programas sociales. Se pronunció porque sean transparentes.
Sostuvo que se pretende engañar con la publicidad gubernamental sobre “menores porcentajes de pobreza y de carencia sociales”, cuando la realidad es que el país está sumido en una gran desigualdad social. “En México, el 10 por ciento de los hogares más pobres capta únicamente el 2 por ciento de los ingresos totales”. Una asignatura pendiente es la igualdad laboral de las mujeres, que sufren una brecha salarial, por género, pese a que su participación en el trabajo remunerado se ha incrementado del 17.6 al 43 por ciento, de 1970 a 2017.
“El gobierno federal se jacta de la creación de cuatro millones de empleos durante el sexenio; sin embargo, es un falso espejismo, ya que en más del 70 por ciento se pagan apenas dos salarios mínimos, unos 4 mil pesos mensuales”. Además, 71.9 por ciento de los indígenas se encuentran en pobreza, y siete de cada 10 perciben un salario mínimo.
“Estas estadísticas, al contrastarlas con la realidad, no merecen ninguna celebración”, afirmó. Expertos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM indican que el 16 y 14 por ciento de los hombres y mujeres, respectivamente, al primer trimestre de este año tuvieron ingresos menores al salario mínimo, a pesar de sus largas horas de trabajo.
Del PRD, la diputada Mónica Almeida López precisó que en nuestro país 55 millones de personas carecen de algún derecho humano, lo que les que dificulta su desarrollo integral; además, el 42 por ciento de los trabajadores en México cuenta con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar. “El 56 por ciento se emplea en la informalidad, 60 por ciento gana menos de tres salarios mínimos”, agregó.
Enfatizó que aún con el elevado gasto social de tres billones de pesos, que significa prácticamente el 50 por ciento del Presupuesto total del país, “lamentablemente estamos situados entre los países con mayor desigualdad”.
Se pronunció a favor de generar herramientas jurídicas para impulsar un nuevo marco de política pública social, con el fin de que el gobierno cumpla con su papel de sujeto obligado y los derechos humanos estén en el centro del quehacer público, garantizando así la redistribución justa de la riqueza, para propiciar el desarrollo de cada uno de los municipios de todo el país.
“Tenemos todos el compromiso de consolidar el principio del mínimo vital para garantizar una vida digna para todos, dejando atrás de manera progresiva, el asistencialismo y los programas burocráticos alejados de las regiones más vulnerables. El objetivo es que el gasto se convierta en una inversión estratégica para dotar a las familias mexicanas de mejores y mayores herramientas, capacidades, libertades y oportunidades”.
Durante la segunda ronda de intervenciones, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM) afirmó que falta mucho por hacer para abatir la desigualdad entre los ricos y quienes menos tienen, pero reconoció los esfuerzos y logros de esta administración, que son resultado de implementar “una política social exitosa en la búsqueda de construir una sociedad menos desigual, más justa y más solidaria”.
Señaló que la protección y desarrollo de la sociedad, en especial de la población vulnerable, es una responsabilidad del Estado, más cuando las condiciones económicas globales han obligado a gobiernos de todo el mundo a ajustar sus políticas de gasto para enfrentar los difíciles escenarios financieros internacionales.
Destacó los logros del Programa de Pensión para Adultos Mayores, en el que se redujo la edad para acceder al mismo a 65 años, lo cual duplicó el número de beneficiarios y garantizó que más de 5 millones de personas recibieran el apoyo económico.
Se creó el seguro de vida a jefas de familia para proteger, hasta los 23 años, el bienestar socioeconómico de hijas e hijos en estado de orfandad materna en situación de pobreza. Se fortaleció el derecho a la vivienda, con una política de construcción, adquisición y certidumbre jurídica sobre el patrimonio, con la cual se entregaron 5.3 millones de documentos que acreditan la propiedad de sus viviendas y terrenos. Señaló que durante esta administración, el Infonavit entregó 3.1 millones de créditos, y el Fovissste otorgó uno de cada cuatro créditos en su historia.
