En la Ciudad de México (CDMX) hay más de 150 megaproyectos parados a la espera de permisos de las autoridades para iniciar obras, de acuerdo con datos de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa.
En buena medida, esto es reflejo de la suspensión desde julio pasado de las autorizaciones para desarrollar inmuebles que excedan los 10 mil metros cuadrados (m2), por considerarlos de alto impacto y ante el derrumbe del pasado 13 de julio en el centro comercial ARTZ Pedregal de Grupo Sordo Madaleno (situado al sur de la CDMX).
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) —conformada por 81 socios que en conjunto participan con el 80 por ciento de la construcción de obras en la CDMX—, señaló que como gremio identifican alrededor de 156 megaproyectos con más de 20 millones de m2 y una inversión 15 mil millones de dólares que buscarán edificar en la entidad el próximo sexenio.
“Por ahora los desarrolladores tienen la capucha de los malos de la película, pero la Ciudad depende mucho de la inversión de los desarrolladores”, advirtió Guillermo Sepúlveda, socio y director general en México de la consultora inmobiliaria Avison Young.
Aunque al día de hoy las megaobras que cuentan con permisos vigentes continúan sus labores, el freno a las construcciones futuras tendrá diversos efectos en el desarrollo inmobiliario de la CDMX, señalaron los expertos.
Tan sólo días después de la suspensión de permisos para las grandes construcciones, se dio a conocer que la demolición del estadio de Ciudad de los Deportes sería pausada por al menos dos años.
El proyecto impulsado por Antonio Cosío Pando, director general de Grupo Brisas, y que daría paso a un desarrollo de usos mixtos a cargo de Grupo Sordo Madaleno, estaba destinado a ser el ARTZ de Insurgentes Sur. Sin embargo, personas cercanas a la operación confirmaron que ese despacho está actualmente fuera del proyecto.
En este mismo sentido, otra megaobra que se encuentra en pausa es uno de los proyectos mixtos más ambiciosos para la Ciudad: Cuadrante Polanco, dividida en Cuadrante Moliére, Andrómaco y Zürich, todos de la desarrolladora Frel.
Este inmueble tendría oferta residencial, oficinas, hotel, locales comerciales, residencias de vida asistida y condominio habitacional.
Además, marcaría un hito en el desarrollo de usos mixtos al contar con un andador peatonal con plazas y parques, que proporcionaría espacio público en propiedad privada, de acuerdo con Vicente Naves, exdirector general de Frel.
Sin embargo, la desarrolladora gestiona actualmente los permisos de construcción, por lo que el proyecto también está detenido por una ‘restructuración interna’, confirmó personal de la empresa.
Claudia Velázquez, directora de operaciones de la consultora Softec, refirió que la CDMX lleva al menos dos sexenios con problemas por la entrega de permisos para construir.
“En la Ciudad de México hay 940 nuevos proyectos residenciales vendiéndose en este momento, de esos la gran mayoría no infringen la norma. Todos los desarrolladores buscan construir y vender dentro de los limitantes de la norma”, agregó.
En una reunión reciente con medios, Jorge Gamboa, vicepresidente de la ADI, aseveró que en las dos últimas décadas el número de trámites y permisos para la edificación aumentó, así como su costo legal, por lo que a la fecha equivalen hasta el 8 por ciento de la inversión total del proyecto.
Un analista que pidió el anonimato dijo que posiblemente en este momento los desarrolladores ajustan documentaciones y proyectos para no tener problemas cuando entre el nuevo gobierno.
Colonos, el otro reto
Además de la burocracia, los desarrolladores se enfrentan a la aprobación de los proyectos por parte de los vecinos, que la mayoría de las veces no están conformes con la edificación de inmuebles por la saturación de los servicios.
Gran Terraza Coapa, de Grupo Inmobiliario Gigante, es uno de los proyectos con más retrasos debido a suspensiones en la obra promovidas por los vecinos que acusan socavones provocados por el desarrollo.
Este centro comercial inició su construcción en 2016 y a la fecha continúa en la etapa de cimentación.
En su última reunión con la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, los miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios señalaron que el destino de pago de derechos, que asciende a 7 mil millones de pesos, se debe aplicar en las zonas donde se desarrollan sus proyectos en beneficio de la comunidad.