La próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador restaurará el Estado de derecho para combatir a la corrupción.
Al participar en la clausura de los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia “Trascendencia e Impacto de la Transparencia y Rendición de Cuentas”, indicó que la falta de transparencia y la rendición de cuentas por parte de las instituciones, propicia la práctica de conductas ilegales que daña a la población.
Dio a conocer que la nueva administración que entrará en funciones el 1 de diciembre presentará una iniciativa para recuperar el espíritu de las consultas populares, en concreto, una reforma a la fracción VIII del Artículo 35 Constitucional, para acotar los gastos del Estado que trata temas en donde no está permitida la consulta ciudadana.
En el Auditorio Alonso Lujambio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó que todo Estado democrático de derecho requiere, para su legitimación en el orden constitucional, de la primicia y eficacia del derecho sobre el Poder Político.
Por ello, expuso, nuestra Constitución establece ese orden jurídico y los límites de un poder eficaz como éste, que otorga a los ciudadanos derechos y libertades colectivas e individuales, en donde el Estado tiene el deber y la obligación de respetar, de proteger y de asegurar el pleno ejercicio de los derechos.
Aseveró que la democratización del Estado mexicano, se ha ido forjando, no sólo mediante la alternancia en el poder político, sino de manera complementaria con las herramientas jurídicas que han logrado ser de mucha utilidad para abrirles a los ciudadanos una forma eficaz para el cumplimiento del derecho fundamental a la información pública y a la rendición de cuentas.
Dijo que a la pregunta que le han hecho sobre si el gobierno de López Obrador respetará el Estado de derecho la respuesta ha sido que “no es que vayamos a respetar el Estado de derecho, vamos a restaurar el Estado de derecho, entre otras, en esta materia de la corrupción, y los 30 millones de mexicanos votaron por restaurar el Estado de derecho.”
Abundó que el organismo de transparencia internacional define a la corrupción como el abuso del poder para el beneficio privado y en la práctica se le puede encontrar en muy diversas conformaciones, como puede ser en la adjudicación de contratos públicos, en el manejo u operación de recursos financieros, en el conflicto de intereses.
Por tal motivo, prosiguió, la falta de transparencia por parte de las instituciones públicas en cualquiera de sus tres niveles de gobierno o poderes públicos propicia la práctica de actividades ilegales que dañan el bienestar de toda la población.
Agregó que ante ello, el nuevo gobierno democrático y legitimado está convocando a la sociedad a fortalecer los hábitos de la honestidad y velar en todo momento por el bien común, pues hacer realidad estos ideales depende de involucrar a todos los mexicanos, “no se puede entender un gobierno democrático, plural y abierto sin una sociedad participativa que opine sobre las decisiones públicas trascendentales”.
Desde la perspectiva del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, se deben de revisar las instancias relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas del gobierno federal, incluyendo los órganos autónomos, con la finalidad de rediseñar la administración pública federal, no sólo para evitar la duplicidad de funciones sino para lograr mayor contundencia en la información transparentada, afirmó.
En materia de procuración y de impartición de justicia, Sánchez Cordero aseveró que el acceso a la información pública constituye un elemento primordial para que los gobernados, dentro de los cuales se encuentran las organizaciones sociales, puedan postular y acreditar lo que a su derecho pudiera convenir en los procedimientos administrativos o jurisdiccionales correspondientes.
Aseguró que la transparencia de la información es fundamental para un sistema democrático, “en el que los ciudadanos debemos ser conscientes y responsables de involucrarnos e informarnos respecto de la forma en que los servidores públicos nos desenvolvemos en nuestras funciones, rendimos cuentas”.
La ministra en retiro subrayó en este marco que con el fin de tener un verdadero gobierno abierto, eficiente, democrático, “debemos de transitar, como lo ha dicho nuestro presidente electo, de una democracia únicamente representativa a una democracia participativa”.
En ese sentido, señaló que el INAI tiene una gran responsabilidad social de velar porque todos los servidores públicos dejen a un lado los compromisos políticos, económicos, partidistas y hasta clientelares para cumplir con los principios de máxima publicidad, certeza, legalidad, independencia e imparcialidad, eficacia, objetividad, transparencia y profesionalismo.
Vamos a pugnar, adelantó, que la Auditoría Superior de la Federación simplifique el acceso a la información para poder tener este escrutinio público permanente en las instituciones, en las secretarías, en los funcionarios y en los servidores públicos.
