La diputada Juana Carrillo Luna (Morena) planteó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Comisionado general de la Policía Federal, impulsen acciones que permitan cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 en materia de circulación de autotransporte de doble remolque y hacer públicas estas gestiones.
Además, sugiere a SCT convocar de forma inmediata a un diálogo nacional para definir estrategias que minimicen riesgos, y tomar decisiones pertinentes ante el riesgo que significa la circulación de unidades con doble remolque en las vías de comunicación nacional.
En un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, precisa que la regulación del peso y dimensiones de los vehículos que transitan por las carreteras y puentes de jurisdicción federal comprende la atención en temas, como seguridad de todos los usuarios de la infraestructura; daño a pavimentos y puentes; competitividad del sector autotransporte, y protección al medio ambiente.
Sin embargo, “a pesar de contar con una norma oficial permisiva, que permite la circulación de dobles remolques con peso de hasta 60.5 toneladas, pudiendo incrementarse, con la obtención de un permiso especial otorgado por la SCT, en 20 toneladas adicionales, la NOM sigue siendo violada al circular continuamente con sobrepeso y por vías de comunicación que no cuentan con el material y la estructura necesarias para soportar el paso de estas pesadas unidades”.
Carrillo Luna menciona que esta situación, aunada a la operación de choferes sin la suficiente preparación o con largas jornadas de trabajo, ocasiona múltiples accidentes en el país, provocando pérdidas humanas y daños materiales cuantiosos.
El número de accidentes se ha incrementado en lo que va del año, lo que implica que puede existir un mayor número de casos con los no registrados, 273 accidentes en los que se han visto inmiscuidos camiones con doble remolque, dando como resultado 188 personas fallecidas y 304 lesionados.
Las principales vías de comunicación se ubican en Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa y Michoacán. Incluso, añade, la sociedad civil se ha manifestado en contra de esta regulación en donde, a través de la plataforma change.org, se han registrado aproximadamente 170 mil firmas que solicitan la prohibición de las unidades.
Es fundamental anteponer la seguridad de la ciudadanía a cualquier interés económico. “Es inaceptable e insultante que con el objetivo de alcanzar ganancias económicas extraordinarias, se ponga en peligro la vida de miles de personas que circulan por las carreteras nacionales, y que tienen que compartir esta vía con estas unidades”.
Por ello, Carrillo Luna urge a convocar este diálogo nacional que busque definir las estrategias para minimizar los riesgos y tomar las decisiones pertinentes en esta materia. “Un diálogo que incluya la voz de las empresas de autotransporte, investigadores, familias afectadas, legisladores Y empresas usuarias de estas unidades”.
Además, es imperativo cumplir con la NOM-Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, con objeto de evitar los abusos que actualmente cometen algunos autotransportistas.
