El Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, lanzó un enérgico extrañamiento al secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins por autorizar un violento operativo policiaco en contra de 90 locatarios legalmente acreditados para ocupar el Mercado Lineal de San Juan de Zumárraga.
Además, demandó un informe detallado sobre motivos, fundamentos legales y razones del desalojo sin haber mediado el diálogo, y por el contrario, instrumentar acciones represoras que incluso llevaron a la privación ilegal de la libertad a varios locatarios por más de 24 horas al colocar los sellos de suspensión con los comerciantes en su interior.
Desde la tribuna del Congreso local, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, denunció que a dos días de haber tomado posesión como alcalde, Francisco Chíguil, hizo un mal uso del cuerpo policiaco de la demarcación al ordenar el violento desalojo del pasado miércoles 3 de octubre, con funcionarios carentes de nombramiento alguno.
Lobo Román refirió que el alcalde de Gustavo A. Madero, ordenó un segundo operativo la madrugada del domingo pasado, ahora con el llamado “cuerpo negro” de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual arrojó alrededor de 15 lesionados, entre los que se encontraban mujeres, niños y reporteros.
Asimismo, demandó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador congruencia con sus declaraciones del pasado 2 de octubre en el sentido de que “nunca más las fuerzas policiales reprimirán a ningún sector de la sociedad”. Por ello, debe instruir al alcalde Francisco Chigüil, conducirse con respeto a los derechos humanos y controlar sus “instintos represores” en contra de los capitalinos.
Posteriormente, en rueda de prensa el diputado Víctor Hugo Lobo, aclaró que los 98 locatarios cuentan con las cédulas y documentación que los acredita como legítimos permisionarios del mercado que autorizó el gobierno de la Ciudad de México, a través del área de Patrimonio Inmobiliario.
A su vez, el coordinador de la bancada del PRD en el recinto de Donceles y Allende, Jorge Gaviño Ambriz, argumentó que no existe fundamentación jurídica para autorizar un operativo violento, con las características del realizado el pasado domingo en donde incluso podría configurarse un delito de privación ilegal de la libertad al colocar los sellos de suspensión de actividades con personas al interior.
Por ello, solicitó a la alcaldía de Gustavo A. Madero y a la Secretaría de Seguridad Pública, un informe pormenorizado sobre los hechos a efecto de deslindar responsabilidades y en su caso sancionar a quienes incurrieron en alguna falta a la ley.