Touca, Méx.- En el Estado de México se ha hecho un mal uso del fuero pues se ha convertido en una coraza protectora que ha impedido en algunos casos la acción de la justicia; esa figura jurídica que protege a los funcionarios públicos ha evitado que se castiguen casos de corrupción y delitos del fuero común cometidos por algunos que gozan de dicho privilegio.
En el caso del Estado de México; los Diputados de la Legislatura Estatal, Magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia y los integrantes de los órganos superiores a los que nuestra Constitución local les otorga autonomía además del Gobernador, gozan de inmunidad constitucional que les permite evitar el ejercicio de la acción penal cuando exista un proceso abierto en su contra.
Por lo anterior el diputado Omar Ortega Álvarez, Coordinador del grupo parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de México, propuso en primera instancia modificar el nombre de la figura jurídica denominada como “fuero” a “inmunidad constitucional”, ya que dicho concepto es más apropiado y precisa con mayor claridad el carácter de dicha prerrogativa que tiene como finalidad proteger a los legisladores de ser acallados por emitir opiniones críticas o que incomoden a personas que detentan posiciones de poder.
“Sanamente, la inmunidad procesal a favor de los legisladores permite desarrollar un debate parlamentario libre de cortapisas y amenazas”, precisó Omar Ortega tras puntualizar que aquellos legisladores que cometan una conducta delictiva deben ser sometidos a un proceso legal y en su caso castigados como cualquier otro ciudadano.
De modificarse el concepto de “fuero” a “inmunidad constitucional” se estará garantizando el principio de igualdad ante la ley; de esta forma se protegerá al legislador siempre y cuando su conducta y comportamiento en general no vaya más allá de la esfera de sus atribuciones.
Ante un escenario de dichas características, precisó Omar Ortega, se le quitara la “inmunidad constitucional” y el representante popular deberá responder por sus actos ajenos (delitos del fuero común) a su desempeño como funcionario.
Lo anterior, puntualizó, una vez que en el Poder Judicial determine que el imputado es sujeto a una sentencia condenatoria, es decir su posición en el Poder Legislativo no impedirá que enfrente la ley y en su caso sea castigado.
De esa manera, consideró el Coordinador de la fracción del PRD, se logrará el estado de igualdad que necesitamos en el Estado de México.
“No podemos seguir permitiendo que se sigan privilegiando las impunidades en contra de las libertades y los derechos, es momento de cambiar las condiciones de la entidad”, consideró.
Por otra parte, la diputada Araceli Casasola, en nombre del Grupo Parlamentario del Sol Azteca, condenó enérgicamente el asesinato del activista Jesús Ramos Arreola, por lo que exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a investigar de manera pronta y exhaustiva el crimen que ocurrió el viernes 28 de septiembre en el municipio de Tlalmanalco.
“La defensa del medio ambiente no es un delito, la Fiscalía General de Justicia del Estado debe atender la investigación de forma pronta, exhaustiva, diligente y eficaz; se debe fincar responsabilidad a quién haya cometido el asesinato”, enfatizó.
Es de destacar que meses atrás Ramos Arreola había recibido amenazas de muerte por haber denunciado ecocidio en los trabajos relacionados con la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); mismas que se intensificaron al sumarse a la plataforma organizativa de los pueblos contra el inmueble aeroportuario que se edifica en la zona oriente del Estado de México, por lo que diversas organizaciones han argumentado que el crimen responde a intereses políticos
