El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), su rechazo al gasto ejercido en 2016 por el gobierno de Enrique Peña al sostener que –con base en los análisis realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)- esta administración incurrió en excesos –particularmente en ese periodo- quizá nunca antes vistos con graves daños al erario; hubo discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos; saqueo en muchas áreas de los tres niveles de gobierno; y se entregó también información financiera-contable incorrecta o insuficiente.
En el marco de la Sesión Ordinaria de este miércoles donde fue presentado ante el Pleno un Dictamen de la Comisión de Presupuesto donde se rechaza la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, el diputado Antonio Ortega Martínez, señaló que el PRD no puede dejar pasar temas recurrentes que han marcado ineludiblemente la administración de Peña Nieto, como fue el caso de la “Estafa Maestra”; pero además, porque esas faltas impactaron sobre la vida política y el resultado quedó palpable en los procesos electorales pasados.
“El gobierno de Peña Nieto se caracterizó por la carencia de cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos; se mantuvo la opacidad en fideicomisos, fondos y contratos análogos, y fue débil la incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental… Incluso, las operaciones de las empresas productivas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, merecen una mención particular si recordamos que –de acuerdo con la ASF- hubo adquisiciones de complejos industriales en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables, como ocurrió con plantas de fertilizantes”, recordó.
Añadió que, si bien es cierto que se han percibido mejorías en la gestión de algunas entidades federativas, aún existen subejercicios, hay insuficiente transparencia y un reducido avance en el sistema de evaluación; por eso el Grupo Parlamentario del PRD apoyó el dictamen que rechaza la Cuenta Pública 2016.
Ortega Martínez detalló que operaciones como la conocida “Estafa Maestra” han sido señaladas recurrentemente por la ASF, ya que han puesto en riesgo el uso adecuado de los recursos públicos; pero, además, la propia Auditoria constató que en este tipo de esquemas participaron no solo universidades públicas (como supuestas proveedoras de bienes y servicios), sino que también entidades paraestatales de los estados y, en ocasiones, de la propia Federación, e incluso, iniciativa privada y partidos políticos.
“Hay que enfatizar que la contratación entre entes públicos fuera de los mecanismos de licitación es válida, pero siempre en estricto apego a lo que las leyes establecen”, finalizó.
