El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que durante los procesos electorales de 2016, 2017 y 2018 se ha sancionado a los partidos políticos nacionales y locales con 340 millones 773 mil 346 pesos, por diversas irregularidades que cometieron en materia fiscal.
En sesión extraordinaria, el Consejo General recibió el informe que presentó la Comisión de Fiscalización respecto al estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en la materia, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018.
Indicó que en 2018 se fijaron multas por 66 millones 188 mil 081.90 pesos a nueve partidos políticos, dos de ellos locales, y a candidatos independientes; sin embargo, se hace la anotación que de las multas del reciente proceso electoral algunas podrían ser impugnadas debido a las fechas de emisión y de notificación.
En 2016 las multas fueron por 254 millones 927 mil 877.61 pesos, y en 2017 ascendieron a 19 millones 659 mil 387.67, precisó en el documento la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE.
Ese órgano tiene entre sus atribuciones investigar lo relativo a las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos, aspirantes, candidatos independientes y demás sujetos obligados en materia de fiscalización.
Se detalla que, en 2016, la Unidad Técnica de Fiscalización sustanció y presentó al Consejo General 178 procedimientos para su aprobación; en 2017, 145 procedimientos, y en los meses transcurridos de 2018 se han sustanciado y presentado al Consejo General 702 procedimientos para su aprobación.
En el informe, el INE puntualizó que con relación al reciente proceso electoral, de enero a la fecha, se enlistan 702 procedimientos que fueron resueltos por el Consejo General de conformidad con los procedimientos administrativos sancionadores.
De los 702 procedimientos sancionadores que resolvió el consejo durante 2018 a la fecha se tiene conocimiento de que 32 de ellos fueron impugnados, de los cuales 11 se encuentran pendientes de resolver por el órgano jurisdiccional correspondiente.