La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la Ley de Remuneraciones, el organismo es uno de los principales afectados por la Ley Federal de Remuneraciones, que establece la reducción de los ingresos de los funcionarios públicos de alto perfil.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió el trámite de acción de inconstitucionalidad presentado por el llamado “frente opositor” del senado, que integra a legisladores del PRI, PAN, PRD y MC.
“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, indicó el ministro en su acuerdo.
Esto significa que los diputados podrán fijar el salario que recibe el Presidente de la República tomando como base las responsabilidades y especificaciones del cargo que actualmente ostenta Andrés Manuel López Obrador; es decir, no necesariamente los 108 mil pesos que el propio titular del Ejecutivo se había fijado como sueldo.
El Congreso de la Unión deberá elaborar en los próximos días el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, como lo hizo con el que avaló para el ejercicio fiscal 2018, tomando en cuenta lo que dicta la Constitución.
Con este dictamen se podrán incrementar los salarios de los funcionarios que actualmente ganan menos, tal como prometió López Obrador.
Pero también aquellos que tienen percepciones mayores, no podrán ser reducidos.
En consecuencia, los diputados deberán dictaminar conforme a las reglas establecidas en la constitución y observar que la misma indica que los salarios de jueces, magistrados y ministros no pueden ser reducidos mientras duren en el encargo.
La suspensión concedida por Pérez Dayán estará vigente hasta que el pleno de la SCJN analice las acciones de inconstitucionalidad presentadas por una minoría de los senadores así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual podría ocurrir en los primeros meses del próximo año.