El diputado Carlos Sánchez Barrios (Morena) promueve una iniciativa para establecer que sólo con autorización de la mayoría calificada del Congreso local, los estados y municipios puedan contratar obligaciones para el refinanciamiento o reestructura de la deuda pública.
Sólo se permitirá durante los primeros doce meses del periodo constitucional y cuando la administración pública se asuma en condiciones de quiebra financiera, previa denuncia ante las instancias estatales de control.
El legislador indicó que las reformas a la Constitución y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aprobadas en 2015 y 2016, permitieron que los poderes ejecutivos estatales tuvieran la facultad de contratar créditos a corto plazo, sin requerir la aprobación del Congreso local.
“Se atentó directamente contra el principio básico de la división de Poderes y se dejó en un solo orden de gobierno el manejo de recursos que pertenecen a la generación presente, pero también a las siguientes”, manifestó.
El diputado, secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó que entre 2001 y 2017, las obligaciones financieras del sector público subnacional se incrementaron 60 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB); es decir, la deuda de las entidades federativas pasó de 1.9 a 3 por ciento del PIB.
Asimismo, el saldo de las obligaciones financieras de estados, municipios y sus entes públicos, respecto de las participaciones, durante el mismo periodo, pasó de 50.9 a 75.2 por ciento; por tanto, la deuda creció de 100 mil 243.1 millones de pesos, a 580 mil 644.7 millones de pesos.
En su iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y publicada en la Gaceta Parlamentaria, Sánchez Barrios consideró que el incremento de deuda en estados y ayuntamientos es alarmante e implica que las cargas monetarias de las administraciones locales, no sólo dejaron de contribuir a elevar la productividad, sino redujeron los montos disponibles para la inversión prioritaria.
Indicó que su propuesta, que reforma diversas disposiciones de la Constitución y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pretende atender tres aspectos fundamentales: destino de los recursos, impacto del endeudamiento público en la productividad y equilibrio de poderes.
Estimó que el erario estatal es relevante porque afecta los recursos que a futuro han de destinarse a su pago o garantía, además de incrementar las cargas que se dejan a los gobiernos posteriores; por ello, dijo, “se busca evitar que la falta de liquidez impacte en los servicios que se proporcionan a la ciudadanía”.
Refirió que los gobernantes justifican la adquisición de empréstitos, y por ende sus consecuencias; sin embargo, las cargas financieras inciden en todos los ámbitos de la vida nacional; por ejemplo, en el proyecto de desarrollo, economía, empleo y políticas sociales.
Sánchez Barrios concluyó que los gobernantes “no tenemos derecho a hipotecar el futuro de las nuevas generaciones, sino la responsabilidad de prevenir errores que afecten a la ciudadanía”.