Vecinos se quejan por las obras del Tren Interurbano México-Toluca y sus obras complementarias, como el Metro en Álvaro Obregón y el CETRAM Observatorio, por lo que solicitan a los tres niveles de gobierno transparencia en el proyecto y que mientras tanto sea detenida.
El grupo Vecinos Unidos Zona Poniente comentan en entrevista que personal de la Secretaría de Obras les dicen que tienen que salir de sus viviendas con motivo del derecho de vía. En algunos casos se les da un plazo de seis meses para desocupar y vender sus casas.
“Nosotros no les podemos vender porque de entrada no nos informa nadie en qué consiste el proyecto, no hay ningún documento. Quieren que les vendamos a fuerza y tenemos temor de que nos den una cantidad que no corresponda al costo real”, expone Raúl Martínez, vecino de Álvaro Obregón.
Roberto González, quien es también uno de los habitantes afectados, indica que además durante las reuniones tampoco se les da información “por ser confidencial” y porque “no le van a entender a los documentos”, además de que les advierten que no digan nada de lo que se aborda en dichos encuentros.
Por otra parte, Adriana Torres, quien también forma parte de la agrupación de Vecinos Unidos Zona Poniente, advierte que el Tren Interurbano se levanta en una zona minada con existencia de Fracturas y Fallas Geológicas lo cual ocasiona un tipo de suelo Inestable en donde los hundimientos y deslaves son la constante.
Los vecinos apuntan que con la construcción del interurbano daña más de 22 manantiales, además de cuencas y subcuencas hidrológicas entre el estado de México y la Ciudad de México.
Asimismo denuncian que la alcaldía Álvaro Obregón ha ocultado una serie de irregularidades, las cuales, los vecinos indican ya habían alertado, como el desvío del cauce de la presa Tacubaya y afectaciones a la barranca de Tacubaya.
Es por ello que piden se dé solución a las irregularidades señaladas y que se presenten estudios de daño ambiental y patrimonial.
A través del estudio elaborado por México Evalúa denominado Ojos a la Obra se indica que el proyecto que arrancó durante el mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto, incumplió con requisitos técnicos, “los cuales parece que fueron excesivos y no necesariamente aportaban valor a la toma de decisión al establecer barreras de entrada”.
El estudio realizado en octubre de 2018 indica que la obra ha presentado un sobrecosto de más de 25 mil millones de pesos, pues tuvo una inversión prevista de 33 mil 741 millones de pesos, pero se ajustó el costo estimado a 59 mil 217 millones de pesos, es decir 77% más de lo plateado originalmente.
Además se detectó que las licitaciones se realizaron sin planos ni estudios de viabilidad e impacto.
México Evalúa también indicó que se sometieron a concurso los contratos sin derechos de vía, terrenos y usos de suelo liberados.
Por otra parte, en el documento “Análisis costo-beneficio” de los proyectos de inversión en cartera difundido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revela que de 2013 a 2018, el gasto para el proyecto pasó de 46 mil a 70 mil millones de pesos.
Lo anterior, se expone en el documento, a consecuencia de cambios de ruta, mítines, juicios, modificaciones de contrato, indemnización a propietarios de terrenos privados y ejidales, pagos para nuevos estudios, obras complementarias, litigios, entre otros.
El 31 de enero, la alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Layda Sansores, suspendió la construcción de seis lumbreras en la línea 12 por no contar con un programa interno de protección civil.
Sin embargo, los vecinos aseguran que la alcaldesa no los ha atendido y que durante la suspensión solamente se atendieron
Los vecinos afectados indican que desde el 1 de octubre del 2018 se entregó una petición de audiencia con la alcaldesa Layda Sansosres; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que hasta la fecha haya una respuesta de ninguna autoridad.