Congreso presenta propuestas para regular scooters y bicis

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La diputada Gabriela Salido Magos solicitó a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México regular el uso de medios de transporte sin anclaje como scooters y bicicletas en la Ciudad de México y dotar a las alcaldías de instrumentos necesarios para retirar los vehículos que no cumplan con las normas.

La iniciativa propone que se reformen adicionen y deroguen diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada panista expuso que el esquema regulatorio de este medio de transporte ha sido “temporal y muy básico” y que ha generado diversidad de problemas como el uso no adecuado del espacio público para estacionar los vehículos en lugares no aptos para este fin, hasta la seguridad de los usuarios y terceros, así como la contraprestación que pagan las empresas.

“Si bien, la autoridad administrativa ha hecho un esfuerzo para regular la operación de este tipo de vehículos, no obstante es necesario que desde el ámbito legislativo de este Congreso, siente las bases normativas para ordenar el uso de las bicicletas y monopatines eléctricos, pero esta premisas tienen que ser construidas de la mano de todas y todos los actores involucrados”, agregó.

La legisladora propuso dotar de facultades a las alcaldías en materia jurídica a fin de que las empresas que brinden el servicio cumplan una serie de requisitos como el pago de derechos, que cuenten con una póliza de seguros de gastos médicos y daños contra terceros, así como un programa de gestión integral de residuos.

Asimismo, propuso que estos vehículos sólo puedan circular en la red vial que determine la Secretaría de Movilidad, exceptuando las vías de acceso controlado, carriles exclusivos para transporte público, aceras, camellones y por supuesto aquellos lugares prohibidos por los programas parciales de desarrollo urbano de las zonas en que operen.

Pidió a la Secretaría de Movilidad también deberá contemplar las zonas de estacionamiento, prohibiendo aquellas que por cuestiones de accesibilidad y razones de protección civil, se consideren no aptas para tal efecto, entre otras más como áreas de valor ambiental o cultural y entradas de inmuebles públicos o particulares.