El Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la Cámara de Senadores manifiesta que en los primeros 100 días de gobierno, las acciones erróneas e improvisadas implementadas por el Ejecutivo Federal, han sido poco efectivas, -la reducción del 50 % de apoyo a operación de estancias infantiles; el aumento en el precio de las gasolinas, la desaparición del Seguro Popular y despido masivo de funcionarios públicos; entre otras muchas más- han provocado que se tomen decisiones que han costado miles de millones de pesos a las y los mexicanos.
En este primer trimestre, advierten las y los senadores del PRI, más de 9 mil estancias infantiles están condenadas a desaparecer con el consecuente perjuicio a padres y madres de familia que junto a sus hijos se vieron afectados por la decisión de eliminar el apoyo para su funcionamiento, despreciando el esfuerzo que día con día realizan hombres y mujeres trabajadores por su familia.
Por si fuera poco, añaden los legisladores que coordina el senador Miguel Ángel Osorio Chong, eliminaron uno de los principales programas que atendía al 56% de los beneficiarios de los servicios de salud pública; se disminuyeron los recursos al campo; y, se presentó una iniciativa de contra reforma educativa que elimina la autonomía de las Universidades y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, comprometiendo la calidad de la misma.
Precisan las y los senadores del PRI que el plan de trabajo del Presidente gira en torno a terminar con las acciones supuestamente fuera de la ley y a fomentar la honestidad, sin embargo, se han presentado proyectos de infraestructura -como el Tren Maya en la Península de Yucatán y la refinería Dos Bocas, en Tabasco- donde no existe planeación, autorizaciones, recursos, consultas indígenas, ni análisis alguno de impacto ambiental en clara infracción a la legislación. Además, las adquisiciones de entidades y dependencias del Gobierno Federal se han hecho a través de adjudicación directa, sin que este procedimiento se justifique y sin considerar las especificaciones técnicas.
Del mismo modo, se han realizado consultas populares que no cumplen con los requisitos legales, ni son realizadas por personal del INE, y censos que no realiza el INEGI en franca violación a la constitución y atropellando el principio de división de poderes al asumir facultades que corresponden únicamente a los órganos constitucionalmente autónomos, puntualizan.
Además, -agregan- la promesa del combate al robo de hidrocarburos, ha dejado pérdidas económicas importantes y ningún responsable. La nueva administración de esta empresa (Pemex) propició incertidumbre ante inversionistas por la decisión del cierre de ductos que generó desabasto de gasolina, situación que resultó catastrófica en la capital del país y en por lo menos diez estados de la República con pérdidas superiores a los 30 mil millones de pesos.
Por otro lado, advierten que tras la cancelación del NAIM, se suspendieron los trabajos en Texcoco para construir un aeropuerto comercial dentro de una base militar y se propone mantener en funcionamiento el actual aeropuerto, debido a su bajo costo, pese que la ruta aérea compromete la seguridad de más de 47 millones de pasajeros que atiende anualmente. El costo de esta decisión es superior a los 120 mil millones de pesos; la descalificación de México frente a la comunidad internacional como un lugar poco seguro para invertir; la caída de la bolsa; de la inversión extranjera, así como la pérdida de 131 mil 833 millones de pesos en rendimientos de las AFORES de los trabajadores.
Ante esta situación, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República rechazan la decisión del titular del Ejecutivo Federal de descalificar la labor e importancia de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la intolerancia con la que se han recibido las críticas a las acciones de gobierno, y solicitan al Presidente que a partir de hoy, las decisiones de gobierno atiendan al diagnóstico y análisis del impacto y alcance de las mismas.
Asimismo reprueban las decisiones asumidas por el Gobierno Federal dentro de estos 100 días de gobierno, en perjuicio de la economía de las y los mexicanos.
