El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene un pasivo de alrededor de 20 mil millones de pesos, así como un rezago de inversión en infraestructura y equipo médico, lo que ha generado su dependencia de servicios subrogados y la tercerización de los mismos.
Así lo informó el director general del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, al comparecer ante de las comisiones de Salud y Seguridad Social, que presiden los senadores Miguel Ángel
Navarro Quintero y Gricelda Valencia de la Mora, respectivamente.
En su intervención inicial, el funcionario destacó que a pesar de que dos de sus cuatro fondos (Seguro de Salud, y Servicios Sociales y Culturales) presentan un déficit, el ISSSTE cuenta con solidez financiera gracias a las reservas financieras y actuariales, cuyo saldo, al cierre de 2018, ascendía a 93 mil millones de pesos.
Sin embargo, acotó, tenemos una saturación en instalaciones y atención deficiente, lo que atribuyó a que el modelo de salud está desarticulado y ya no corresponden al perfil de la población derechohabiente.
Además, faltan especialistas para atender enfermedades crónicas y a adultos mayores, entre los que nombró a geriatras, reumatólogos, urólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, nefrólogos y radiólogos.
Ramírez Pineda dio a conocer a los legisladores que también existe “una presión adicional al gasto por sentencias y resoluciones judiciales, que ordenan al Instituto a incrementar el monto de la pensión.
Hay, advirtió, 13 mil 301 sentencias pendientes de cumplimiento que equivalen a más de dos mil 200 millones de pesos, así como 104 mil juicios en trámite, lo que significaría más de 7 mil millones de pesos.
Dijo que para este año se tiene un presupuesto superior a 323 mil 300 millones de pesos, pero que 70 por ciento de estos recursos se destinarán exclusivamente para pensiones.
Agregó que sólo 16.3 por ciento de este total es para gasto de operación (materiales e insumos, servicios generales y ayuda) y 0.5 por ciento al gasto de inversión (bienes e inversión pública). “Esto muestra el deterioro de la situación presupuestal”, subrayó.
Luis Antonio Ramírez expresó que las cuotas y aportaciones no han sido suficientes para cubrir los gastos. Por ello, se han requerido transferencias gubernamentales, pero éstas tampoco han bastado para atender el déficit del Instituto.
Señaló que de 2012 a 2018, las transferencias del gobierno al ISSSTE cayeron en 76 por ciento, pues pasaron de 15 mil 700 millones de pesos a cinco mil millones en 2018 en dicho periodo. Para este año, agregó, “se nos otorgaron transferencias de tres mil 800 millones.
Posteriormente, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, manifestó su preocupación de que el nuevo mecanismo de compras consolidadas pueda generar un desabasto de medicamentos en el sistema de salud. Preguntó: ¿qué se hará para evitar una situación así?.
También recordó que fueron despedidos 3 mil funcionarios, entre los que se encuentran enfermeras y médicos. ¿Qué medidas se tomarán para garantizar que no se afecte la calidad de la prestación de los servicios de salud?, interrogó.
A su vez, la senadora Martha Cecilia Márquez, del PAN, consideró que la federalización de los servicios de salud es una medida de centralización. Se realiza bajo la figura de un mando único, como se está haciendo prácticamente en todos los aspectos de la administración pública, lamentó.
Preguntó si ese nuevo esquema podrá poner fin a problemas en este sector y si cumplirá la meta de atender a las personas más pobres, que no cuentan con seguridad social. En otro tema, cuestionó si hay alguna alternativa para que los empleados del Senado -que no tienen seguridad social- puedan acceder a alguna prestación del ISSSTE.
El senador Primo Dothé Mata, de Morena, refirió que en la región de la Huasteca, en San Luis Potosí, no hay medicinas, especialistas ni infraestructura médica. Los pacientes son “bateados” sin respuesta de un hospital a otro, de una región a otra, denunció.
Reconoció que “todo el destare” heredado no se puede arreglar en 100 días. ¿Pero qué ocurre con las decisiones que no incluyen un gasto monetario, ¿qué pasa con la voluntad de un cambio profundo y verdadero?, ¿cuándo llegará ese cambio allá donde se siguen padeciendo estos rezagos?, reclamó al funcionario.
Su compañero de bancada, el senador Américo Villareal aseguró que nunca como hoy es importante tener un control férreo de los costos y de la optimización de los recursos para hacer eficientes los servicios que ofrece el Instituto.
Al responder a las preguntas, Luis Antonio Ramírez Pineda afirmó que el abasto de medicinas está garantizado y se busca asegurar el acceso gratuito a medicamentos a toda la población en general.
Explicó que para realizar las compras consolidadas se creó un cuerpo intersectorial, integrado por la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, donde hay expertos que pertenecen a la Comisión Panamericana de Salud. Ellos son los responsables de este tema, precisó
Respecto del tema de despidos y congelamiento de plazas, indicó que parte del problema en el ISSSTE es la anarquía y la forma en cómo se manejaron las contrataciones, así como el uso de las plazas temporales y de honorarios, que crecieron de manera desorganizada.
Desafortunadamente, dijo, este desorden se concentró en la figura de guardias y suplencias, donde se encuentran médicos y enfermeras. No obstante, aclaró que los despidos futuros están enfocados a las áreas administrativas, no a personal de base ni a médicos o enfermeras.
Por el contrario, subrayó, buscamos de qué manera el ISSSTE pueda tener médicos y enfermeras. Hay un faltante de 2 mil plazas para las áreas médicas que se necesitarán para las 33 obras pendientes y que se terminarán de construir en los próximos meses.
Sobre los trabajadores del Senado contratados bajo el esquema de honorarios, Ramírez Pineda dijo estar en la mejor disposición para hacer un convenio con este órgano legislativo y garantizar servicios a su personal.
