Nezahualcóyotl, Mèx.- Ante el retraso de solicitudes municipales que deben ser sometidas para aprobación del Legislativo, previo envío del Ejecutivo estatal, el diputado de Morena, Gerardo Ulloa propuso reformas al artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Hoy muchas de las decisiones de competencia municipal están supeditadas al Poder Ejecutivo, siendo éste un puente innecesario en la comunicación del Ayuntamiento con la Legislatura
“El proceso actual retrasa y puede llegar a frenar inversiones significativas para los ayuntamientos, por la dilación en los procedimientos y autorizaciones previas, al generar una triangulación innecesaria y que éstas, no se verán reflejadas en mejoras para el municipio y su población, así como en el fortalecimiento de su economía”, explicó Gerardo Ulloa.
De acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los Ayuntamientos requieren autorización de la Legislatura para enajenar bienes inmuebles o hacer la transmisión de la propiedad; contratar créditos que rebasen su gestión; dar en arrendamiento, comodato o usufructo los bienes inmuebles; celebrar contratos de obra o de prestación de servicios públicos, y desincorporar los bienes inmuebles.
El diputado por Nezahualcóyotl detalló que en el caso del Ayuntamiento de San Antonio la Isla, autorizó por Cabildo, en agosto de 2017, la donación de un predio donde se ubica la Preparatoria Oficial 245, para asignarlo a la Secretaría de Educación, pero al remitirlo al Ejecutivo estatal, el trámite tardo casi dos años.
Gerardo Ulloa presentó el proyecto de decreto para reformar el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal local y permitir que los actos administrativos mencionados, sean solicitados por los Ayuntamientos de manera directa a la Legislatura y no por conducto del Ejecutivo del Estado.
Para acabar con la violencia obstétrica y psicológica hacia las mujeres en la entidad mexiquense, la diputada Berenice Medrano, presentó un proyecto de decreto para reformar el Código Administrativo del Estado de México y establecer como atribución de la Secretaría de Salud el desarrollo de programas en la materia.
“La violencia obstétrica y psicológica se manifiesta en un trato deshumanizado, utilizando un lenguaje inapropiado, grosero, discriminatorio, con burlas, críticas respecto al estado de la mujer; incluso conlleva a la omisión de información sobre la evolución del embarazo por parte de los profesionales de la salud”, expuso la legisladora de Zumpango.
El proyecto define como atribuciones de la Secretaría de Salud, desarrollar programas que fomenten la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio o en emergencia obstétrica, así como coordinar la implementación de políticas públicas para erradicar la violencia obstétrica.
