Los tiempos han rebasado al plan de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y uno de los motivos es el “Backstop”, es decir, la frontera no existente entre Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido, y la República de Irlanda, que integra la mancomunidad, un punto suelto del Brexit.
Llegar a un acuerdo sobre el “Backstop” es importante, porque la Unión Europea no aceptará un período de transición ni negociaciones comerciales sustantivas con el Reino Unido hasta que el mismo esté vigente.
Luego que los ingleses votaron a favor del Brexit en junio de 2016, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, inició las negociaciones con la UE para fijar el mecanismo de salida de esta comunidad política, donde incluyó el llamado “Backstop” o salvaguarda irlandesa.
La intención de evitar con el “Backstop” una frontera “dura” entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, se convirtió en uno de los principales asuntos por resolver para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, o como se le ha llamado un “divorcio amistoso”.
Esto porque será la única frontera terrestre que Reino Unido compartirá con la Unión Europea una vez que entre en vigor el Brexit.
El “Backstop” es una garantía legal, una cláusula que acordaron Londres y Bruselas (sede de la Unión Europea) para evitar una frontera “dura” entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que junto a Escocia, Gales e Inglaterra conforman el Reino Unido.
El “Backstop” entraría en vigor en caso de que el Reino Unido y la Unión Europea no alcancen un acuerdo comercial durante el período de transición del Brexit, en diciembre de 2020.
La aplicación legal dejaría a Irlanda e Irlanda del Norte en dos regímenes regulatorios distintos, lo que implicaría que los productos, bienes y servicios tendrían que ser inspeccionados en la frontera para cumplir los controles de calidad de la Unión Europea.
Con el Brexit, el límite entre las dos Irlandas pasaría a ser frontera exterior de la Unión Europea, con la posibilidad de instaurar controles o infraestructura física para mantener abierta la frontera irlandesa.
Para evitar esto la Unión Europea propuso la creación de una “red de seguridad”, pero con una condición, mantener a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera y del mercado único mientras el resto del Reino Unido los abandona.
En el pleno de la Cámara de los Comunes se rechazó esta condición que se ha convertido en el principal obstáculo y fuente de discusión de partidarios y detractores del plan de salida al considerar que viola su integridad territorial y llevaría a Irlanda del Norte a reglamentaciones europeas y no británicas.
A la UE tampoco le parece deseable, pero le resulta difícil evitarlo si los británicos abandonan el mercado único y la unión aduanera.
En su defensa por el “Backstop”, Theresa May argumentó que es el “último recurso” para proteger los compromisos plasmados con Irlanda del Norte en el Acuerdo de Paz de Viernes Santo.
El Acuerdo de Paz de Viernes Santo, firmado en Belfast en 1998, puso fin a tres décadas de sangriento conflicto en la región y borró las barreras físicas en la isla que comparten la República de Irlanda e Irlanda del Norte.
Desde entonces, los ciudadanos de uno y otro lado pueden cruzar la frontera sin pasar por ningún control. La venta de bienes y servicios se realiza con pocas restricciones, dado que ambos permanecen en el mercado común europeo y en la unión aduanera.
La fracción más dura del Partido Conservador y Unionista, de la primera ministra May, manifestó su preocupación por que el “Backstop” conlleve nuevas barreras reglamentarias entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido que podrían continuar de manera indefinida.
Esto, porque tras la entrada en vigor de esa garantía legal, Reino Unido no podrá abandonarla sin la aprobación de la Unión Europea.
Los productos y bienes que lleguen a Irlanda del Norte mientras tanto deberán ser revisados, incluso si proceden del resto de Reino Unido, para ver si cumplen con la normativa de la Unión Europea.
Esta situación se mantiene a expensas de que el Parlamento británico apruebe la petición de la primera ministra británica May, de una prórroga de tres meses para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), cuando faltan ocho días para que se cumpla la fecha prevista para su retiro.
Por otra parte, desde el resultado del referéndum británico sobre la permanencia en la Unión Europea, el futuro de Gibraltar dentro del orden europeo e internacional es incierto.
Conscientes de las consecuencias que podría traer el Brexit, los gibraltareños votaron en más de 90 por ciento contra la salida de la UE.
Intuyen que junto con Irlanda del Norte serían de los más afectados, porque necesitan, en su caso, de la cooperación con las autoridades y el gobierno español para que la frontera funcione con fluidez y su vida diaria no se vea alterada.
Gibraltar mantiene su postura de ser parte de Reino Unido a toda costa: a pesar de la gran mezcla cultural que existe en la zona, los gibraltareños se sienten británicos y no españoles.
A diferencia de Irlanda del Norte, existe un preacuerdo del Brexit que se negoció en Bruselas donde se establece hacer esta transición lo más fácil posible a los ciudadanos de Gibraltar, aunque con varias exigencias y concesiones, que permitieron frenar las tensiones con España, país que podía vetar el preacuerdo.
A pesar de que España, Reino Unido y Gibraltar están de acuerdo en facilitar el tránsito a los ciudadanos de un lado a otro, quedó por escrito la exigencia de que Reino Unido sea más transparente a la hora de trasladar datos económicos y de empresas de cara a la lucha contra el fraude fiscal.
El gobierno español puntualizó que cualquier aplicación futura en Gibraltar del acuerdo definitivo entre el Reino Unido y la Unión Europea, tiene que negociarse bilateralmente entre Madrid y Londres.
Gibraltar, es uno de los puntos de comercio marítimo más transitados del mundo y la puerta al Mediterráneo, lo que ofrece a Reino Unido facilidades y ventajas en su comercio con Asia.
