Mediante una iniciativa que reforma el Artículo 27 de la Ley General de Salud, se pretende establecer como obligación que las autoridades que prestan servicios médicos a las mujeres en reclusión, tomen en cuenta sus necesidades y garanticen el derecho constitucional de protección social a la salud, poniendo especial énfasis en los servicios materno infantil, de planificación familiar, de prevención de adicciones y de enfermedades de trasmisión sexual, explicó la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género.
La propuesta, suscrita de manera conjunta por las Presidentas de la Comisión de Igualdad de Género, Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco; de Gobernación, Diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente; de Radio y Televisión, Diputada Lía Limón García, así como la Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, integrante del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, del Congreso de la Unión, se realiza ante la falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios que vulnera en todo momento a las mujeres internas, lo que no permite brindarles las garantías del debido proceso de protección de los derechos humanos, ni la evolución para la reinserción en la sociedad.
En este contexto, señalan las diputadas proponentes, la publicación del Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana (2013).
Entre otros datos menciona que solo 10 instituciones carcelarias son exclusivas para mujeres y albergan a 35.18 % de la población total, en tanto que 64.80% restante, se encuentra distribuido en los 69 centros mixtos en todo el país.
Además, el diagnóstico de la situación carcelaria revela que la mayoría de los centros penitenciarios carece de espacios para atender a mujeres y de personal médico suficiente para atender a la población en general, además de que no cuentan con especialistas para la atención específica de las mujeres en al menos 42 centros de readaptación social o sus equivalentes, a lo largo del territorio nacional.
Ante este panorama la CNDH recomendó girar instrucciones, en el ámbito de las respectivas competencias de los distintos niveles de gobierno a los funcionarios responsables con la finalidad de que se establezcan programas de atención médica general y especializada a las mujeres en reclusión, así como a los hijos que las acompañan, proporcionando además una adecuada y suficiente alimentación, con el objetivo de que puedan gozar de salud física, emocional y una vida plena.
Sin embargo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en enero del 2013 la población penitenciaria mexicana ascendía a 242 mil 754 personas, de las cuales 231 mil 113 eran hombres y 11 mil 641 mujeres. Para esta población existen 420 centros de reclusión, 15 pertenecen al Gobierno Federal, 11 al Gobierno de la Ciudad de México, 303 a los Gobiernos Estatales y 91 a los Gobiernos Municipales.
Es un problema que lleva mucho tiempo y que se ha ido acrecentando con el tiempo, en tanto que los Centros de Readaptación Social del sistema de impartición de justicia nacional mexicano, son espacios en los que se presentan desigualdades basadas en el género; este sistema sufre carencias y desatención por parte del Estado, la falta de presupuesto, más la sobrepoblación, provoca en la mayoría de los casos hacinamiento, generando una infinidad de conflictos que rebasan la capacidad de resolución a los titulares de dichos centros.
