Las asociaciones mexicanas de Distribuidores de Automotores (AMDA) y de la Industria Automotriz (AMIA) alertaron sobre los riesgos de regularizar vehículos “chocolates” en el país, ya que representaría un premio a la corrupción.
El director general adjunto de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, manifestó que de darse una regularización generalizada de vehículos usados provenientes principalmente de Estados Unidos “se estaría premiando a un sistema corrupto que favorece la internación y circulación de vehículos en malas condiciones”.
Para el directivo, hay una participación plena de organizaciones sociales especializadas en vender seguridad “para cobrarle a la gente y tener su respaldo”, tal es el caso de la Organización para la Protección de los Mexicanos (Anapromex) que pidió la regularización de cinco millones de unidades ilegales, cuyo censo se desconoce a ciencia cierta.
Cuestionó además que en los últimos meses el tema llama la atención de algunos gobernadores y alcaldes en la zona norte del país, principalmente, que manifiestan la necesidad al gobierno federal de que se regule la estancia de esas unidades en el país a través de un decreto.
“Nosotros hemos manifestado ante las diferentes instancias que no es conveniente para el país, tanto en términos económicos como de medio ambiente”.
Advirtió que generar un procedimiento amplio de regularización conlleva a riesgos importantes, dado que entre esos vehículos existen unidades que fueron siniestradas o robadas en Estados Unidos. “Si se da una regularización como la que solicitan estas organizaciones, el riesgo de dar legal estancia a vehículos robados y declarados pérdida total es muy alto”.
El presidente de la AMIA, Eduardo Solís Sánchez, estableció a su vez que estos argumentos ya se presentaron ante las autoridades y están a la expectativa de cualquier resultado.
“De ninguna manera avalamos la regularización sin pasar un trámite que los ponga en igualdad de circunstancias con los vehículos que se importaron legalmente”, añadió.
