México es el segundo país con mayor incidencia de sobrepeso en adultos y primero en niños con obesidad, indicó la diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena) quien presidió el Foro sobrepeso, obesidad y diabetes, construyendo una agenda integral.
La diputada Carmen Medel Palma (Morena) dijo que prevenir y controlar la epidemia requiere de un trabajo interinstitucional que urge de nuestra atención.
“Comencemos a dictaminar las iniciativas de etiquetado, creemos consensos, superemos barreras políticas y protagonismos y transitemos hacia un bienestar hacia toda la población”.
Por su parte, Hugo López Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, explicó que la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, diferentes enfermedades crónicas no transmisibles, ocupan hoy uno de los principales lugares entre los problemas de salud pública más importantes de nuestro país.
Por su parte, Delhi Trejo, Especialista en Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explicó que en aras de mejorar la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional en el año 2030, es necesario que México desarrolle los objetivos de desarrollo sostenible planteados a nivel internacional.
Lamentó que la cifra del consumo de alimentos importantes para los niños se haya reducido porque el 44 por ciento consume frutas y el 28 por ciento verduras; sin embargo, el consumo de botanas y dulces se incrementó en 52 por ciento.
En su oportunidad, Abelardo César Ávila Curiel de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, aseguró que no existe una Ley reglamentaria del derecho a la alimentación y debe haber una que garantice dicho objetivo.
Es una pena, que no haya una necesidad dentro del diseño institucional y los objetivos de gobierno de articular el sistema alimentario, “los costos que estamos pagando son altísimos por no tener esa claridad de que debe haber esa modificación al marco normativo y esa construcción de un sistema alimentario”.
Raúl Riquelme Cacho, presidente de la Comisión de Salud Concamin, sostuvo que bajar la incidencia del tema de sobrepeso y la obesidad no sólo tiene que ver con el etiquetado de los alimentos, en las escuelas, la publicidad o de los impuestos, sino todo junto.
“Y si creo que el responsable no necesariamente es la Cámara de Diputados, no es el Congreso, es la autoridad, es la secretaria de salud, ayudemos a definir eso y trabajemos sobre ese sentido”.
Mientras, Ana Larrañaga de Contrapeso, reconoció que hay una grave evidencia de que México vive una emergencia epidemiológica decretada desde el año 2016, tiempo en que hasta ahora no se ha elaborado ninguna regulación o ley que haga algo al respecto.
Subrayó que las enfermedades no transmisibles podrían ser controladas o prevenidas a través de una alimentación saludable.
El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, aseguró que al costo de la atención de padecimientos que tienen que ver con sobrepeso, obesidad y diabetes (154 mil millones de pesos), debe sumarse un costo similar que hay en el sector privado, lo que resultaría en 300 mil millones de pesos, sin considerar el impacto en la productividad de los sujetos.
“Si sumamos los efectos en el gasto público, privado y los efectos negativos que causan, representan alrededor del 2.2 por ciento del PIB, que equivale a 372 mil millones de pesos”, alertó.
Esta administración federal tendrá que ir de la mano con el sector privado en políticas públicas, que promuevan la salud de los mexicanos, así como hacer estudios de forma conjunta para conocer los verdaderos impactos de estos padecimientos.
Señaló que estudios de la FAO muestran que una persona con sobrepeso, posterior obesidad y una consecuente diabetes, en un periodo de 6 años pierde el 50 por ciento de su productividad.
La encargada de Inteligencia e Información de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), Tania Ramos Beltrán, aseguró que los impuestos especializados a alimentos y bebidas saborizadas, aplicados desde enero de 2014 -8 por ciento de IPES a alimentos con alta densidad calórica y un peso por litro de bebida saborizada, el cual desde 2018 se actualizó a un peso con 17 centavos- no lograron combatir la obesidad como se esperaba.
“Hemos identificado diversos efectos fundamentales: el primero es que aumenta la desigualdad social, el segundo limita el crecimiento económico, restringe el bienestar social y no disminuye el consumo”.
Enfatizó que, según datos de Inegi y Coneval, el 57 por ciento de estos impuestos recaudados hasta el día de hoy, lo han pagado las personas más pobres, además que el 20 por ciento de este grupo son personas que no pueden acceder a la canasta básica. “El 30 por ciento del precio que pagamos por un refresco son impuestos, 16 por ciento de IVA y 15 por ciento del IEPS”.
Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, comentó que en un periodo de 30 años ha aumentado la obesidad en todos los grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres, lo que amplía el riesgo de diabetes, hipertensión, 15 tipos de cáncer, ocasionando discapacidad, mortalidad temprana, reducción de calidad de vida y altos costos económicos para la familia y el sistema de salud.
Refirió que es necesario una política integral de combate a la obesidad. “Evidentemente sería una medida que no la reduciría en menos de 3 años, pero en conjunto ayudaría a prevenirla”.
