El arquitecto Jaime Martínez Veloz se comprometió con un nutrido grupo de residentes indígenas de la Tercera Sección de la Colonia Obrera, de Tijuana, a crear bajo su gobierno una Secretaría de Asuntos Indígenas, que permita atender a una población Indígena, que según cálculos conservadores, se estima en más de 300 mil habitantes en Baja California.
En la tercera sección de la Obrera, donde la mayoría de los vecinos son indígenas provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, Martínez Veloz se comprometió a enviar una iniciativa para que la Constitución de Baja California incluya los derechos de las comunidades indígenas que radican en el estado.
Queremos que en Baja California exista una nueva y justa relación del Estado con los pueblos indígenas, nativos y migrantes; que por norma constitucional respete su lengua, identidad cultural, medicina tradicional y autonomía en sus formas de gobierno; que corrija las desigualdades económicas y sociales, y establezca la acción integral y concurrente de las instituciones para lograr su desarrollo; un desarrollo que revalore el papel social de la mujer indígena y brinde a ésta mayores oportunidades educativas y laborales, y sobre todo, auténticas condiciones de equidad; un desarrollo que no sea planeado sobre los escritorios, sino concertado en las propias comunidades, con la participación activa y vigilante de las y los beneficiarios.
Aspiramos a una Baja California que asuma el compromiso de reconocer en la Constitución del Estado a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Que establezca la obligatoriedad a la consulta previa, libre e informada. Donde la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México forma parte, se incorporen a la Constitución del Estado y sean de observancia obligatoria
Los representantes indígenas le plantearon a Martínez Veloz sus demandas y éste se comprometió a crear una Secretaría estatal de Asuntos Indígenas “que tendría como finalidad atener los problemas que los pueblos tienen en lo jurídico, en materia de políticas sociales, en lo productivo, que establezca mecanismos de cooperación entre los estados de los que son originarios los pueblos y Baja California”.