El secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado José Luis García Duque (PES), propuso exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que vigilen, verifiquen y regulen los lineamientos de tarifas, planes y costos que ofertan los proveedores concesionarios de telefonía celular.
Indicó que el uso de los móviles ha crecido en los últimos 20 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 72.2 por ciento de la población de 6 años o más utiliza el teléfono celular y de cada 10 de ellos, 8 disponen de uno inteligente, con el que tienen la posibilidad de conectarse a Internet.
El total de usuarios que sólo disponen de un celular inteligente creció de 60.6 millones a 64.7 millones de 2016 a 2017. También aumentó de 89 por ciento en 2016 a 92 en 2017, el número de beneficiarios conectados a Internet desde estos aparatos tecnológicos.
Conforme a la Profeco, el 32.6 por ciento de las y los mexicanos utiliza su equipo celular para navegar por Internet, administrar su correo electrónico, así como usar chats y redes sociales, y cerca de 27.6, para llamadas. Además, más del 80 por ciento de los usuarios de telefonía móvil en México recurren a un plan de prepago para contratar esos servicios.
García Duque resaltó que mediante la plataforma virtual Soy Usuario, en 2018 se recibieron 16 mil 889 quejas contra las compañías móviles, y de acuerdo con la Profeco las principales causas corresponden a fallas y mala calidad de servicio que se ofertó, cobros indebidos, negativas a hacer efectiva la garantía y a rescindir el contrato debido a que no se proporcionó lo previamente contratado.
“Las quejas que reciben el IFT y la Profeco por el mal servicio que brindan las compañías móviles son alarmantes; ello, sin contar a las personas que no presentan formalmente su queja ante estas instancias. La mayor indignación es porque los servicios no suelen ser los que se contrató, debido a mala información e interpretación de la publicidad”.
Mencionó que las compañías móviles y los usuarios celebran contratos de adhesión por un plazo determinado, según el tipo de servicio que requieran. “Estos actos vulneran los derechos de los consumidores, debido a que no son bien informados sobre las futuras modificaciones o alteraciones que pudiere tener su contratación”.
Esta es una práctica recurrente de las compañías móviles y en diversas ocasiones acostumbran hacer alteraciones sin notificar previamente al usuario, “causándole incertidumbre jurídica sobre su contrato, por el que está obligado a pagar por el plazo acordado, y se encuentra en estado de indefensión debido a que si no paga le es cortada la línea telefónica y reportado como un deudor ante el buró de crédito”, expuso.
Por ello, consideró fundamental exhortar al IFT y Profeco que trabajen de forma conjunta para mantener un control sobre los proveedores concesionarios, vigilen y regulen costos de los servicios, protegiendo y salvaguardando los derechos de los consumidores. Además, supervisar que el mismo sea de calidad y se cumpla lo que se contrató y ofertó, eliminando toda publicidad engañosa que provoque el error del usuario.
