- “Quitamos de facto los arreglos en lo obscurito entre el gobierno y concesionarias”: Faustino de la Cruz
Toluca, Méx., 25 de abril de 2019. La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la 60 Legislatura, aprobó la propuesta de dictamen de la iniciativa que impide ampliar periodos de concesiones a empresas al concluir el tiempo establecido y regresa los bienes al estado.
En 2015, se aprobó la llamada Ley OHL, a propuesta del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, y que permitía a las empresas perpetuar su concesión aún y cuando ya hayan recuperado su inversión, lo cual beneficiaba principalmente a la constructora OHL, hoy Aleática, que opera el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.
El proyecto de dictamen fue aprobado por unanimidad por siete integrantes de la Comisión del PRI, PAN, PT, PES y Morena, así como por los diputados morenistas asociados que asistieron: Faustino de la Cruz, Azucena Cisneros y Gabriel Gutiérrez Cureño.
El proyecto de decreto reforma la fracción IV del artículo 17.43 del Código Administrativo del Estado de México, y establece que cuando el concesionario haya recuperado la inversión en el proyecto, y el rendimiento pactado en el título de concesión correspondiente, la concesión terminará automáticamente y los bienes afectos a la misma se revertirán al Estado, sin costo alguno y libres de gravamen.
“Quitamos de facto los arreglos que se hacen en lo oscurito por parte del Gobierno del Estado y las concesionarias, no hay claridad en el manejo de los recursos, no hay transparencia y a fin de cuentas quien lo paga es la sociedad”, detalló el diputado promovente de la iniciativa Faustino de la Cruz Pérez.
Precisó que tan solo en el caso de la empresa OHL, la prestación del servicio ha dejado mucho que desear en la operación de las dos autopistas que maneja, pues el Circuito Mexiquense no ha concluido al 100 por ciento, carece de señalamientos de servicios, de espacios adecuados de acotamiento y en Ecatepec, dejó afectaciones a vecinos de 17 colonias sin resarcir los daños.
“Es una concesión con señales de corrupción y de muy alto costo, en consecuencia, con esta iniciativa el estado recupera la rectoría y no queda al libre albedrío de quienes hacen las negociaciones”, apuntó Faustino de la Cruz.
