El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Zoé Robledo Aburto, sostuvo que el primer eje del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024: política y gobierno, tiene como objetivos erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, así como recuperar el Estado de derecho.
Al participar en el “Foro de Parlamento Abierto para el análisis y discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, precisó que la concepción de que el Estado de derecho y su garantía es sinónimo de uso de fuerza pública está alejada de la realidad, porque en un régimen democrático se debe asegurar que este Estado de derecho sea para todos, sin combatir las garantías de las personas, el medio ambiente, la identidad y la consulta a los pueblos originarios. El objetivo es construir un Estado de derecho que responda a las convencionalidades.
La separación del poder político del económico también es un objetivo específico del PND, así como el cambio de paradigma en materia de seguridad y democracia, como uno de los ejes de integración al régimen democrático de grandes franjas de la población que se sentían excluidas de los procesos en una democracia representativa que aspira a ser más participativa.
Robledo Aburto precisó que estará a debate el PND como instrumento de ejercicio del poder e íntimamente ligado al jefe del Ejecutivo, no solamente en la redacción sino en sus propósitos, pues este documento se convierte en una hoja de ruta clara para los responsables del gobierno federal.
Se pronunció por atender los temas de revocación de mandato y la consulta popular. Además, resaltó la trascendencia de la política exterior, a partir de la recuperación de los principios de migración, libertad e igualdad.
“El PND cumple con todas y cada una de las fracciones planteadas en la Ley de Planeación; señaladas de manera puntual, quizá de manera muy distinta a como se había acostumbrado en otros sexenios, pero muy puntual con objetivos y estrategias a las cuales nosotros acudimos como un mandato del jefe del Ejecutivo”.
Zoé Robledo dijo que el PND tiene un propósito de deliberación pública, más que un plan de trámite es una hoja de ruta para las políticas sectoriales. “De no cumplirse en el sexenio tendrá que analizarse desde la voluntad popular”.
“Hay propósitos que pueden o no estar en el PND pero que sí están en las políticas de congresos estatales, mucho tiene que ver con derechos humanos, protección a víctimas, personas desaparecidas o desplazamiento interno forzado”.
También, añadió, hay asuntos que podrían impulsarse desde los legislativos locales, a través de leyes marco, en la lógica de homologar la reglamentación en todo el país.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), resaltó que es fundamental que, en este contenido del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentren plasmada idea y objetivos de lo que debe ser una visión de gobierno progresista y acorde a las necesidades de la población.
Este plan por primera vez en la historia reciente de nuestro país, plasma una manera sensible y cercana a la gente; las políticas y acciones para combatir la desigualdad, anteponiendo a los que menos tienen. “Es una clara intención por parte del Ejecutivo federal, establecer las bases de un nuevo modelo de gobernanza”.
Por ello y una vez más, tal como ha sucedido con la pasada discusión de la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, esta Cámara de Diputados haciendo uso del esquema parlamento abierto, da la pauta a que esta discusión se dé por los instrumentos de política pública y una apertura con la intención de tener una visión integral para su discusión y enriquecimiento del debate legislativo.
“La participación enriquece y coadyuva no sólo al debate parlamentario sino al fortalecimiento del modelo de la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones; pilares ambos de la esencia del parlamento abierto”, agregó.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) consideró importante que el plan tenga una estrategia integral y dé certeza, principalmente por la crisis de seguridad que vive nuestro país, la cual será atacada con la Guardia Nacional. Sería importante que existiera una base de datos a nivel federal, estatal y municipal para saber si los integrantes no han incurrido en alguna conducta delictiva, y preguntó sobre cuál sería el mecanismo de control que se podría proponer para su ingreso.
Por Morena, la diputada Lorena Villavicencio Ayala se pronunció por adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres víctimas de violencia, como centros de atención y refugios y estimó que se debe hacer un programa contra el maltrato institucional, pues la falta de acción de las autoridades competentes evita el eficaz cumplimiento de la ley.
Del PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, apuntó que el PND debe cumplir lo establecido por la Constitución, y estipular quién, cómo y cuándo se van a desarrollar los programas de desarrollo, pues ello permitirá garantizar los derechos de la ciudadanía.
Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, recordó que por primera ocasión el PND se aprobará por la Cámara de Diputados y se congratuló que exista la separación del poder político y económico; es un factor para combatir la corrupción y la impunidad.
Patricia Olamendi Torres, directora del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos y especialista en Violencia de Género, expresó que hoy se inaugura un cambio de régimen y hay temas que deben estar plasmados: régimen democrático y laico, igualdad de derechos, equilibrio en los factores de la producción y perspectiva de género.
Indicó que al ser la corrupción una de las banderas más importantes del actual gobierno y sobre la cual gira, es limitada la propuesta de erradicarla; hay que incluir programas de formación y capacitación para el funcionario público que le permita cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones, para estar a la altura de las necesidades.
Se requieren medidas para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basadas en transparencia, competencia y criterios objetivos. Para prevenir la corrupción, se debe hacer pública la información relativa a procedimientos de contratación y contratados, datos de las licitaciones. “No podemos combatir la corrupción si no tenemos clara la norma y el proceso”.
Urgió a tener un sistema eficaz de apelación; aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía en los procesos de adopción de decisiones; garantizar el acceso eficaz del público a la información, así como impulsar programas de educación pública contra la corrupción.
“Si no se combate la impunidad y no se asegura justicia para las víctimas, estamos sin avanzar en el Estado de derecho; se debe asegurar que todas las denuncias sean atendidas conforme a los derechos de las víctimas; es fundamental la ampliación de juzgados especializados; abordar la seguridad humana y la ciudadana; en democracia hace falta incluir la paridad, así como fortalecer la política exterior”.
El titular de la Unidad de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, resaltó que, conforme a la Ley de Planeación, el Plan debe tener indicadores y metas, vinculados con la Cuenta Pública y el Sistema de Evaluación de Desempeño del Gobierno federal. “Si no se tiene ese vínculo entre ambas cosas, lo que se puede arriesgar es el seguimiento al dinero, la rendición de cuentas y que se pueda perder en el transcurso de este espacio”.
Algunos vacíos en este documento son el concepto de ciudadanización, participación ciudadana y la apertura de espacios; integridad en el servicio público desde la dignificación del servidor y el fortalecimiento del servicio profesional de carrera. Otros aspectos ausentes, indicó, son apertura gubernamental y gobierno abierto y la inteligencia institucional. Asimismo, existe una omisión del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se deben recuperar las metodologías de medición de control de la corrupción porque permite fortalecer la visión y tener indicadores de gestión, estratégicos y de impacto. Recomendó ver que la corrupción no solamente viene desde el servidor público, también tiene que ver con el ciudadano.
Pablo Daniel Cabado Rodríguez, investigador de Causa en Común, A. C, consideró que el PND no es un plan porque no se habla de indicadores de avances, no existen metas, no hay objetivos o líneas de acción, tampoco se asignan responsabilidades, ni se dan plazos para cumplir con lo propuesto; “parece más una lista de promesas que un plan a seguir”.
Expresó su desacuerdo en que desaparezca la Policía Federal y no se menciona qué ocurrirá con las policías locales, estatales y ministeriales; estimó que se está dando una militarización de la fuerza pública. Coincidió en algunos puntos del Plan como el que se necesitan atender las causas de la violencia, generar factores protectores y disminuir los riesgos.
Lo que se necesita es fortalecer las instituciones de seguridad pública, una estrategia integral de seguridad que incluya fiscalías, jueces, sistema penitenciario; que haya realmente una política de prevención y, sobre todo, nuevos enfoques y políticas sobre drogas. Asimismo, una reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública para convertirlo en un mecanismo que funcione con una perspectiva de Estado, basado en políticas públicas de seguridad.
María del Carmen Segura Rangel, especialista en Seguridad Pública mencionó que el PND tendrá que garantizar orden y paz en la convivencia social, donde exista un justo equilibrio entre el trabajo del gobierno y la sociedad; además, sus mecanismos estén orientados a la prevención, investigación, persecución y estímulo a la denuncia ciudadana.
Es fundamental un programa que ponga énfasis en la prevención e involucre a los sectores privado y social, a fin de evitar los delitos de alto impacto e impulsar la cultura de la legalidad, crear un cuerpo de investigación que aporte elementos para combatir la impunidad.
Jorge Hernández Tinajero, especialista en Política de Drogas afirmó que las estrategias en materia antidrogas han sido contraproducentes; se requiere de una reforma basada en los derechos humanos para no criminalizar el consumo de sustancias y la estigmatización de los usuarios y la regulación de su mercado.
En este sentido, refirió que dentro del PND se tendrá que considerar que el tráfico de sustancias es un asunto de seguridad, la adicción es competencia del sector salud y el consumo es un derecho; es decir, regular las drogas no bastará para poner límites a las mafias del crimen organizado.
Lourdes Morales Canales, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas señaló que para fortalecer la gobernabilidad democrática es necesario incluir la parte de archivos, información, fiscalización y contabilidad gubernamental, evaluación y responsabilidad de los funcionarios.
Hacer mesas de diálogo es un poco limitado para el tipo de sociedad que tenemos hoy en día; por lo que se podría generar, por ejemplo, una política de participación alineada con la estrategia nacional de cultura cívica que fue aprobada. Asimismo, propiciar consejos de gestión de política pública en donde grupos ciudadanos puedan darle seguimiento a la implementación de ciertas políticas.
