Ciudad de México.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI), avaló con observaciones su opinión favorable respecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, ya que contempla la no discriminación e igualdad; sin embargo, señala que se omiten a las personas con discapacidad.
El documento sostiene que a pesar de que existe aumento en los recursos presupuestales para garantizar becas a las personas con discapacidad, ello no subsana los recortes para este sector en temas como educación, salud, bienestar, provisiones salariales y de carácter económico.
Además, sugiere cesar los recortes presupuestales realizados en estos rubros, para que se destinen al transporte público accesible, salud, igualdad de oportunidades, capacidad jurídica y garantizarles sus derechos fundamentales.
El texto precisa que el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente y de cero a 64 años que habiten en comunidades indígenas, tiene como premisa fundamental eliminar la marginación, discriminación y el racismo de las y los mexicanos en estas condiciones.
Respecto del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, los integrantes de la comisión consideraron que es de trascendencia e importancia el apoyo financiero y social a adultos mayores; sin embargo, se hace destacar que, para la atención integral de este grupo se requieren políticas dirigidas a garantizar sus derechos a la salud, acceso a medicamentos y alimentación los cuales no se satisfacen con una transferencia directa.
Dentro del programa se establece un apoyo a mujeres y hombres mayores de 68 años, que se encuentran en pobreza y sin protección social, el cual asciende a mil 275 pesos mensuales, que se entrega en forma bimestral mediante depósito directo en tarjeta bancaria.
Añaden que el propósito de este programa será reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales; priorizar las políticas y generar acciones de bienestar que salvaguarden los derechos de adultos mayores.
