ANALIZAN EN EL IEEM LOS LÍMITES DEMOCRÁTICOS DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES

Las instituciones electorales administrativas, jurisdiccionales y de justicia, actúan bajo un amplio marco normativo, para generar las condiciones que permitan el ejercicio libre del voto y el respeto a la voluntad de ciudadana; de acuerdo a sus funciones y atribuciones. Así se destacó en la Mesa Redonda denominada “Límites Democráticos a las Decisiones Políticas, Legislativas, Administrativas y Judiciales en Materia Electoral”, realizada en el Centro der Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México.

Esta actividad académica, que fue organizada conjuntamente por el IEEM y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho, la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho y el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A. C. (COPUEX), se transmitió en vivo a través de la página electrónica del IEEM (www.ieem.org.mx).

Hugo López Díaz, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México, hizo una detallada descripción sobre el campo que delimita el actuar del órgano jurisdiccional local, contenido en la propia Constitución, donde se establecen los principios de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, con la finalidad de hacer valer y velar por el ejercicio de los derechos políticos y respeto del voto de la ciudadanía.

Por su parte, el Dr. Luis J. Molina Piñeiro, Presidente de la COPUEX, expuso que, si bien el tema electoral ha generado un amplio debate que ha buscado dar certeza, seguridad, legalidad, y establece una vinculación con los derechos humanos, habría que observar si no se tiene una regulación excesiva que no favorezca a la democracia, pues en la actualidad son los organismos jurisdiccionales quienes determinan al ganador en los comicios, lo que debiera ser una decisión de los ciudadanos en las urnas.

El Consejero Presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, reflexionó sobre la forma en que se regula la candidatura independiente y mediante un análisis comparativo, describió la forma en que se implementó y los logros que se obtuvieron con esta figura durante las elecciones concurrentes de 2014-2015.  Señaló que no existe uniformidad en las entidades sobre el apoyo ciudadano, el plazo para recabarlo, el financiamiento público y privado, así como el derecho a la representación proporcional en los ayuntamientos, pero destacó que en este caso, la reciente reforma electoral en el Estado de México ya lo establece.

En tanto, Sandra Yáñez Gómez, asesora del Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, subrayó que con la reforma electoral de 2014, se tiene una normatividad que muestra la complejidad operativa del actuar del INE en su relación con los Organismos Públicos Electorales, aunado a que existen diferentes normas en las entidades y consideró, que se deben homologar a efecto de lograr que las elecciones a nivel local sean más sencillas y propiciar con ello igualdad de condiciones.

El Mtro. José Antonio Licea Cadena, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ejemplificó las acciones afirmativas que se han establecido para propiciar que las mujeres tengan participación en los asuntos públicos, destacando que en forma paralela, se observa que sobre ellas hay violencia política, la cual se ejerce desde diferentes planos, como ha sido en algunos casos, desde la información emitida en algunos medios de comunicación; aunque hay otros casos en que los medios de comunicación han visibilizado el problema.

La mesa fue moderada por el Titular del Centro de Formación y Documentación Electoral, Igor Vivero Ávila quien explicó la dinámica de la mesa, presentó a los ponentes, y condujo una sesión de preguntas y respuestas. En el evento se contó con la presencia de la Consejera Electoral, María Guadalupe González Jordan; los Consejeros Electorales, Saúl Mandujano Rubio, Gabriel Corona Armenta, con la asistencia de funcionarios, servidores públicos electorales y representantes de partidos políticos, así como alumnos de la Universidad Insurgentes.