En México hay más de tres mil millones de dólares en inversión privada detenida en los sectores de minería y energía por diferentes amparos que paralizaron dichos proyectos. Este monto equivale a 38 por ciento del presupuesto para la Refinería de Dos Bocas.
Los amparos provocan que la continuidad de dichos proyectos esté supeditada a consultas públicas a las comunidades en los alrededores de la zona.
Juan Pablo Gudiño, director general de Igual Social, Ambiental y Legal Consultores, explicó que dichas consultas sólo deben aplicarse en comunidades indígenas en el momento de que se presente la manifestación de impacto ambiental, lo cual no es el caso en estos proyectos.
Por ejemplo, la mina de cobre de Bacanuchi, en Sonora, que estaba llamada a ser la tercera más grande del mundo, se encuentra detenida y la inversión prevista para la mísma es de 187 millones de dólares; además de la generación de 630 empleos.
Gudiño explicó que en este caso un juez otorgó un amparo a 46 habitantes, apoyados por la asociación civil PODER, de una localidad aledaña a Bacanuchi. La consulta sobre el proceso se encuentra en proceso; el mes pasado se llevó a cabo una reunión.
El proyecto minero de Almaden Minerals en Puebla, con una inversión proyectada de más de mil 700 millones de dólares, y más de mil empleos generados en la zona también se encuentra detenido. En este caso, la consulta pública se quiere realizar, a pesar de que el proyecto está en fase de exploración, lo cual no está previsto en la Ley Minera.
En el sector energético sucede algo similar. El proyecto de energía eólica en Juchitán, en Oaxaca, con una inversión prevista de más de mil millones de dólares.
Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) comentó a El Heraldo de México que si bien este tipo de actuaciones no son la regla en el sector, hacia el sur del país (por una mayor presencia de comunidades indígenas) es una complicación a la que se deben enfrentar las empresas.
Una constante en este tipo de amparos es la intermediación de asociaciones civiles que los promueven y paralizan los proyectos, dijo Rodríguez.
México se ubica como el cuarto país con más proyectos detenidos en infraestructura en el mundo, según el Banco Mundial; sólo detrás de la India, Bolivia y China
Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expuso el asombro del sector, por las acciones del gobierno, cuando ya hay acuerdos de inversión.
“El mismo día que estábamos firmando el convenio con el Presidente, (32 mmdd) la Secretaría de Energía estaba anunciando la cancelación de las rondas que se iban hacer en octubre”, enfatizó.