Ciudad de México.- A lo largo de los últimos tres años México ha mantenido altos índices de embarazos infantiles y adolescentes, hay al menos 4 millones de jóvenes en esta situación, ocupando el primer lugar a nivel mundial, debido a la falta de políticas públicas en la materia que ayuden a erradicar, concientizar y educar a la población para evitar este problema de salud pública.
Para Magdalena Núñez Monreal, Comisionada Política del Partido del Trabajo de la Ciudad de México, el embarazo en adolescentes es una violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, “porque no se les garantiza una educación sexual, políticas públicas que atiendan correctamente este problema y estrategias de prevención”.
“Hay una limitada teoría en programas de prevención de embarazo en adolescentes, debemos enfocarnos en el desarrollo de investigaciones que averigüen cuales son los factores que predisponen a las adolescentes a embarazos a temprana edad”.
Desde hace varios años, la ONG “Save the Children” ha llamado al Estado mexicano para reforzar las estrategias de prevención y atención de embarazos tempranos, no obstante, cada año más de 300,000 adolescentes siguen dando a luz en el país y de este número también se practican abortos inseguros o clandestinos para interrumpir un embarazo.
Para la comisionada en el caso de las niñas embarazadas de 9 años de edad, es todavía más preocupante, a esa edad deberían estar jugando y no empezando una etapa de preocupaciones, deberes y responsabilidades mayores. “Parte de este problema es la educación sexual que imparten en las escuelas, en las casas, las políticas públicas y los casos de abuso sexual a menores los que ponen a México en esta situación”.
Núñez Monreal indica que, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, hay una tasa de 63 embarazos de jóvenes por cada mil y de 70 según el gobierno mexicano. Aunado a esto, se suma el problema del desempleo y el abandono escolar al enfrentarse a la problemática del embarazo.
La Comisionada del PTCDMX explica que Instituciones, Asociaciones, Gobiernos locales y federales, así como la sociedad civil, deben trabajar en conjunto y crear un plan para capacitar en derechos sexuales y reproductivos, de concientización y ofrecer mejores talleres o pláticas sobre la interrupción legal del embarazo y violencia contra las mujeres menores de edad.
Además manifiesta que se debe tener el compromiso por la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes y cerrar las brechas de desinformación sexual, educación y salud pública, sobre todo, dijo, “porque las mujeres estamos legislando y tenemos el poder, el momento, para cambiar y eliminar la desigualdad que vive el país, así como acabar con la violencia en contra de la mujer.
La finalidad, comenta la petista, es realizar programas inclusivos y adecuados culturalmente que mejoren las condiciones de vida de los adolescentes y, con ello, les permita tomar mejores decisiones al momento de la maternidad.