Las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD y MC estudian ya presentar, en bloque, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, en contra de la reforma constitucional en el estado de Baja California, para prorrogar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla, de Morena, de dos a cinco años.
Los partidos anticiparon también que ya preparan la expulsión, y hasta juicios políticos, en contra de alrededor de 17 de sus diputados locales que aprobaron la iniciativa propuesta por Morena, partido que, con sólo tres curules de las 25 que conforman el Congreso del estado, impuso su voluntad.
De los 12 legisladores de la mayoría del PAN en la Cámara de Diputados en la entidad, 11 apoyaron la reforma, cinco del PRI y uno de Movimiento Ciudadano. Éste último –el único que este partido tiene en el Congreso local– ya está en proceso de expulsión, anunció el dirigente nacional del partido, Clemente Castañeda.
Con 21 votos a favor y un voto nulo –en una votación secreta, por cédula y en una urna– el Congreso del estado reformó el Artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución estatal, a fin de que la administración del gobernador electo, Jaime Bonilla, abarque de noviembre de 2019 a octubre de 2024, y no sólo hasta octubre de 2021, como se había establecido en la reforma constitucional de 2014.
“Se enviarán a la Comisión de Orden para su expulsión a los panistas que votaron a favor de esta resolución, ya que actuaron ilegalmente, en traición al partido, a sus principios y su doctrina”, adelantó el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, y comentó que el PAN y otros partidos presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para “echar atrás esta resolución del Congreso del estado”.
Aunque explicaron que aún revisan si presentarán un solo recurso o cada quien el suyo, pero todos el mismo día, en las dirigencias coincidieron en que “la idea es hacer presión juntos”.
En el CEN del PRI se indicó que “se rechaza la actuación de los diputados locales del PRI en la aprobación de esta reforma”, por lo que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y la Comisión Nacional de Ética “revisarán el tema y determinarán las sanciones correspondientes”.
Ángel Ávila, de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD –partido con una sola diputada en el Congreso local, que votó en contra– indicó que “iremos juntos, porque los diputados de Morena sólo buscan beneficiar al candidato electo, Jaime Bonilla”, y afirmó que solicitarán “juicio político contra todos los diputados que aprobaron las reformas”.
“Es una vergüenza que se digan representantes ciudadanos, cuando son los primeros en infringir la Constitución y sólo buscan beneficiar a Jaime Bonilla, a pesar de que tiene antecedentes de privatizar el agua en Baja California, beneficiando los intereses particulares de Estados Unidos”.
El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que “aunque buscaremos ir todos los partidos, en MC ya iniciamos el proceso de expulsión del diputado que usó nuestro nombre” (Job Montoya Gaxiola).
“En nuestro partido no va a haber tolerancia para quienes traicionen nuestras convicciones, ni para quienes incurran en complicidades con el régimen, sea del color que sea. Es inaceptable el nivel de complicidad que se observó de parte de prácticamente todos los diputados locales”, sostuvo.