Ciudad de México.- Durante la reunión de la Comisión de Igualdad de Género para dictaminar las iniciativas tendientes a reformar el marco jurídico sobre “Alerta de Violencia de Género”, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo denunció que las “alertas de género” y muchos Centros de Justicia para las Mujeres degeneraron en simulación y negocio para personas y grupos que lucran con la violencia hacia las mujeres, por lo cual coincidió en la urgencia de reformar la ley para sancionar y evitar estas farsas a costa del dolor humano, señaló que en todos los estados se simula y trafica con el pretexto de prevenir, evitar y combatir las agresiones contra las mujeres.
En su exposición, la legisladora del PRD afirmó que funcionarios de diverso nivel, pero particularmente de los llamados Centros de Justicia, simulan que combaten ese flagelo, solicitan la “alerta de género”, se quedan con los recursos y bloquean cualquier resultado para mantener el mismo ciclo a fin de allegarse más recursos. Así, las “alertas de género” son inoperantes porque hay “especialistas” en que así sea.
Se llega al extremo de que algunos responsables de instrumentar las acciones se contratan a sí mismos, a sus empresas o a sus organizaciones para quedarse con los recursos derivados de la declaratoria de “alerta de género”, de modo que entre más declaratorias haya, más dinero les llega, hay funcionarias “especialistas” en que no funcionen, lo que de ninguna manera debe permitirse más, afirmó la parlamentaria perredista.
“Con la alerta se ha hecho de todo -y todas ustedes lo saben; lo saben perfectamente-: no hay la operatividad; las alertas no dan resultados; sí son lucrativas para a quienes les llegan los recursos, desafortunadamente”, dijo a las y los asistentes a esta reunión, entre quienes estuvo Candelaria Ochoa Ávalos, representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres –a su vez dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)-, de la cual dependen los Centros de Justicia para las Mujeres.
Almaguer Pardo consideró por ello necesario especificar, mediante esta reforma, a dónde destinar los recursos para evitar realmente que por corrupción o, incluso, por lucimiento personal, no den los resultados esperados en el propósito de alcanzar una vida libre de violencia para las mujeres. “Quien tiene compromiso con los derechos de las mujeres no anda simulando, ni tumbando el trabajo de otras u otros, ni bloqueando absolutamente nada. Al contrario, contribuye”, puntualizó.
Se pronunció por una mayor regulación de estos sitios con participación de otras instituciones, incluida la Segob, para que dejen de ser maquinarias de simulación, lucro o lucimiento personal y, en cambio, den resultados, si acaso algunos de estos Centros dan algún resultado –puntualizó la parlamentaria- es porque se montan en el trabajo de las fiscalías especializadas, a las que por otra parte se les regatean los recursos.
Se pronunció contra la figura de la “contraloría social” para la evaluación de las “alertas de género”, pues no se puede permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que alguna asociación civil o empresa consultora señale la inoperatividad de las “alertas” porque ello le implica la obtención de algún contrato. “Es un conflicto de interés que, por supuesto, no puede entrar en el mecanismo de alerta de violencia”, advirtió.