El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrilllo, inscribió ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma de ley, para denominar al organismo encargado de la administración y enajenación de bienes y activos, como Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indepuro).
“Actualmente se llama Instituto de Administración de Bienes y Activos, pues nadie sabe ni nadie se va a aprender el nombre, pero el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, todo mundo lo va a recordar, lo va a identificar y va saber cuál es su actividad”, indicó en declaraciones a la prensa en el marco de la Comisión Permanente que sesionó este miércoles en el Senado de la República.
Esta iniciativa plantea reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para que exista armonía en torno al Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio (publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 09 de agosto).
“Este Instituto es quien va a recoger los bienes, ya sea vía extinción de dominio o decomisados; va a hacer estas subastas que hemos estado viendo y esos recursos se van a destinar a causas sociales, a municipios más marginados del país”, dijo.
Delgado Carrillo explicó que, desde 2007, el antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (hoy Instituto), juega un rol importante en la recuperación de recursos públicos que fueron objeto de robo, en sus muy distintas modalidades, como el que se deriva de la corrupción o sustracción de la economía formal, siendo instrumento o resultado de actividades ilícitas que infligen un daño a la sociedad.
Indicó que entre 2007 y en lo que va de 2019, han ingresado a las finanzas públicas federales, más de mil millones de pesos por venta de bienes asegurados al crimen organizado.
Sin embargo, consideró que este sistema de gestión de los bienes de la Federación se ha conducido sin un sentido social, pues el destino de los recursos que ha logrado recaudar en favor del Estado, han carecido de transparencia, eficiencia y un destino cierto en beneficio directo de la sociedad.
“En gobiernos anteriores, la gestión de los recursos abandonó el interés público y social. Por ejemplo, las enajenaciones efectuadas durante el periodo neoliberal, no se realizaron bajo las mejores condiciones de oportunidad y conveniencia para el Estado, debido a que la administración y enajenación de los bienes del pueblo se realizaban bajo las políticas de amiguismo y compadrazgo”, aseguró.
Además, agregó, el manejo y el destino de los recursos obtenidos por las enajenaciones, se realizó con opacidad y sin beneficiar al pueblo mexicano.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) refirió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso un cambio de rumbo en la administración de los bienes de la Federación, que son de los mexicanos.
Esto implica una renovación moral en la gestión, administración y destino, que asegure que los recursos obtenidos regresen a la sociedad en forma de programas, bienes y servicios públicos. Es decir, que garantice que le será devuelto al pueblo lo robado, abundó.
Insistió en que, al cambiar el nombre del organismo encargado de la administración y enajenación de bienes y activos, por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tiene un valor simbólico muy relevante para la sociedad.
Esto implica un manifiesto expreso de la convicción que nuestro gobierno tiene respecto de la propiedad común que el pueblo debe ejercer sobre los bienes públicos y de su voluntad por recuperar todo bien arrancado a este y devolvérselo.
Consideró que, con esta denominación, se pretende que los servidores públicos encargados de la administración y gestión de los bienes de la Federación, no pierdan de vista la misión y visión de este organismo, que implica la gestión de los bienes públicos en beneficio del Estado y, en consecuencia, en beneficio de todos los mexicanos.
“La nueva política de este organismo debe mantenerse lejos de las malas prácticas de opacidad y malversación de los recursos públicos que afecta a la misión permanente de destinar recursos al bienestar, mediante programas sociales y de atención a las adicciones”, sostuvo Carrillo Delgado.
El Indepuro podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes, activos o empresas que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos.
Los bienes provenientes de las entidades en desincorporación, liquidación o extinción a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se entenderán transferidos a partir de la designación del cargo correspondiente.
Comentó que la Ley de Extinción de Dominio será aplicable a los bienes, activos o empresas desde que éstos sean formal y materialmente transferidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y hasta que éste determine su destino, realice la destrucción, enajenación, monetización o termine su administración.
Inclusive, subrayó, tratándose de bienes de entidades transferentes, cuyo marco legal aplicable establezca requisitos o procedimientos de administración, enajenación y control especiales o particulares, en las materias que regula esta ley.
Además, los bienes inmuebles del gobierno federal que se transfieran al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, continuarán sujetos al régimen jurídico que establece la Ley General de Bienes Nacionales, con excepción de los que correspondan a empresas en proceso de desincorporación.
