A pesar de que empresarios y expertos fiscales consideran que es excesivo para los contribuyentes cumplidos castigar con cárcel la compra y venta de facturas falsas, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseguró este martes que es necesaria esa tipificación debido a la magnitud de la defraudación fiscal en el país.
“Tenemos que ir con medidas semejantes para ir por las cabezas (de los factureros)”, sostuvo Romero Aranda en entrevista luego de asistir al ‘Conversatorio México Integración Económica Mundial y Política Comercial del Gobierno de la 4T y su Impacto en la Hacienda Pública’, organizado por el Senado.
El funcionario dijo que la defraudación fiscal alcanza un monto de 500 mil millones de pesos de evasión. “No es poco, estamos hablando que ese monto es más de los (recursos de) programas sociales al año lo que se defrauda vía facturas”.
El Senado busca catalogar la defraudación fiscal y la comercialización de facturas falsas como delincuencia organizada, y por tanto susceptible de ser materia de prisión preventiva oficiosa; sin embargo, empresarios y expertos aseguraron que esa penalización es excesiva con los contribuyentes cumplidos, quienes quedarían en incertidumbre ante la lupa del fisco.
Romero Aranda dijo que también se busca mediante reformas legislativas que se considere la figura de testigos protegidos e infiltrados para poder llegar a las cabezas de las organizaciones criminales de facturas.
“Esto es un criterio de oportunidad que es precisamente los testigos protegidos para ir a las cabezas, es la intervención telefónica con autorización judicial, también los infiltrados, y todo esto da lugar a la prisión preventiva oficiosa, son de los temas que se están discutiendo y que con estas herramientas podemos dar frente a la batalla contra los factureros”, añadió.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación indicó que los testigos protegidos podrían ser cualquier persona que sea responsable del delito, “por ejemplo, en el caso de los factureros, aquellos prestanombres o testaferros, que digan quién fue, quién los puso, quién los contrató y quién es el beneficiario final”.
Comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público del Senado aprobaron reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales buscan combatir penalmente a las empresas que se dedican a la comercialización de comprobantes digitales (CFDI) que amparan facturas falsas, operaciones simuladas y empresas fantasma.