Comisiones legislativas de la Cámara de Diputados analizan una iniciativa de reforma para que las medidas de protección a menores de edad maltratados puedan ser solicitadas por cualquier persona, a raíz de la comisión de delitos o sus tentativas, y conductas que los vulneren.
La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Elisa González Estrada, presentó la propuesta correspondiente, para que parientes, maestros, doctores y enfermeros puedan solicitar medidas de protección a menores maltratados.
La legisladora, quien es secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, planteó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que en México hay 13 millones de familias que tienen un entorno de violencia y gritos hacia los menores.
Afirmó que la mayor parte de los abusos se presenta en la familia y van desde ofensas verbales y golpes, hasta conductas delictivas graves como violación, explotación sexual y laboral, además de aprovecharse de los menores para cometer delitos que, “en ocasiones, tienen como consecuencia el homicidio o el suicidio”.
La legisladora panista explicó que de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los principales responsables del maltrato son: madre, padre, o ambos, padrastro, madrastra, tíos y abuelos, en ese orden, y la mayoría de los infantes permanecen en ese círculo.
Añadió que el Instituto Nacional de Pediatría recibió y atendió cinco mil 553 casos por maltrato infantil, de los cuales 11 se turnaron a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.
En tanto, en 2017, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia reportó que en la región centro del país hubo un total de 14 mil 937 denuncias de maltrato infantil, y en 52.2 por ciento de los casos se comprobó maltrato, pero sólo 21.4 por ciento fue presentado ante el Ministerio Público.
Por ello, la diputada consideró fundamental garantizarle a los menores de edad las mejores condiciones de salud, nutrición, protección, cuidados, y brindarles todo lo necesario para un buen comienzo de vida, así como las medidas de protección que sus condiciones requieran por parte de su familia, la sociedad y el Estado.
Para alcanzar ese objetivo, González Estrada planteó que el Ministerio Público otorgue, oficiosamente, acciones de protección inmediatas cuando se encuentre en riesgo la vida, integridad o seguridad de la o el menor, también cuando se le utilice, o pueda ser utilizado para cometer delitos.
